Al cierre del último período ordinario de sesiones del segundo año de la LIV Legislatura, los​ diputados locales autorizaron auditorías especiales a 34 dependencias y organismos estatales y municipales. Además, aprobaron la Ley de Videovigilancia para Morelos y convocaron al proceso electoral 2020-2021, rumbo a las elecciones del 6 de junio próximo.
Por la vía rápida, los legisladores lograron desahogar parte del rezago legislativo con la aprobación de más de 30 dictámenes que se encontraban en la "congeladora" desde el año pasado.
Además,​ de última hora autorizaron la realización de auditorías especiales a 34 dependencias y organismos. En la lista se encuentran: el Tribunal Superior de Justicia (TSJ); los sistemas de agua potable de Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca; el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos de Puente de Ixtla, Zapata y Zacatepec.
Lo anterior, derivado de que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso rechazó la aprobación de las cuentas públicas de dichas dependencias y organismos en los años 2015 al 2018, por presuntas irregularidades.
Por otro lado, los diputados aprobaron con 14 votos a favor y cinco en contra la ley de videovigilancia,​ que permitirá a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) controlar la instalación, utilización y operación de dispositivos de grabación en espacios públicos y privados con razones de seguridad pública.
El diputado pesedista Marcos Zapotitla Becerro defendió en tribuna la nueva legislación que además contempla modificaciones a la Ley de Seguridad y al Código Penal, pues sostuvo que ayudará a prevenir y combatir delitos.
Sin embargo, la legisladora perredista Rosalinda Rodriguez Tinoco, sostuvo que con la ley de videovigilancia los ciudadanos estarán vulnerables ya que serán video grabados en cualquier espacio, ya sea público o privado.
Además,dijo, se invadirá la actividad mercantil pues se les obligará a las empresas a instalar cámaras de videovigilancia.
Incluso sostuvo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-ServyTur) presentó un escrito el pasado 1e de julio pidiendo que la nueva ley fuera socializada.
Finalmente, el Congreso del estado convocó a los ciudadanos, instituciones públicas y partidos políticos al proceso electoral 2020-2021, para el desarrollo de las elecciones el 6 de junio próximo.
Por desacuerdos entre las fuerzas políticas, el proyecto para reactivar el servicio ferroviario en el estado no avanzó, al igual que la ley de Asociaciones Público Privadas.​ Ambos asuntos tendrán que ser abordados para el próximo período ordinario, que iniciará en septiembre próximo o, bien, en un período extraordinario de sesiones, en agosto.
Los legisladores también dieron cumplimiento a ejecutorias de amparos, después de tres meses de inactividad administrativa en el Congreso por la pandemia de covid-19.