Los legisladores dijeron que debe ser a través de una investigación, realizada por la misma Procuraduría General de la Republica, como se deslinden responsabilidades en la supuesta relación y protección que funcionarios públicos dan al crimen organizado.
La diputada Hortencia Figueroa Peralta dijo que es importante que esta vez se indague a fondo a los presidentes municipales y que también estos funcionarios apliquen una evaluación a funcionarios de su administración, para evitar actos ilícitos.
“Se debe actuar con mucha responsabilidad, yo he visto como se han dado otros anuncios de parte del Ejército y se han venido desvaneciendo los señalamientos y por esa razón creo que antes de condenar a cualquier servidor es importante, primero, exigir una investigación clara, contundente y si hay una participación, también sanciones claras sin distingo de personas”.
La legisladora perredista dijo que de esta forma se evitará una persecución infundada por las autoridades federales hacia funcionarios municipales, sólo por una lista que podría no ser real.
Por su parte, el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Luis Miguel Ramírez Romero, dijo que si bien no se puede desestimar información como la que se encontró este miércoles, tampoco se debe dar mucho crédito sin antes realizar una investigación seria y profunda.
En este sentido, el diputado panista propuso a las autoridades municipales y estatales, así como a sus homólogos, a aplicarse los exámenes de control de confianza, no sólo a policías, para conocer, entonces, si están aptos para desempeñar el cargo y garantizar que no están relacionados con la delincuencia organizada.
En la narco-nómina, supuestamente, aparecieron nombres de alcaldes y servidores públicos de los ayuntamientos de Jojutla, Amacuzac, Tlaltizapán y Zacatepec, que según dos criminales detenidos por el Ejercito recibían miles de pesos al mes por proteger a una organización delictiva.
Los diputados locales confiaron en que las autoridades actúen conforme a la Ley y no se dé una “cacería de brujas” contra funcionarios.