El juzgador atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó el auto de vinculación a proceso dictado contra una agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) que presuntamente protegió a un juez de control y juicio oral que, en estado de ebriedad, atropelló y privó de la vida a un ciudadano.

La sala, integrada por los magistrados Nadia Luz Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Andrés Hipólito Prieto, resolvió un recurso de apelación promovida por la defensa de la agente del Ministerio Público, Martina “N”, quien fue vinculada a proceso por el presunto delito cometido por un servidor público, por no haber ejercido acción penal contra el juez Daniel Rodríguez Apac, como presunto responsable del atropellamiento y muerte del ciudadano Pedro Portilla.

Los magistrados consideraron que este tipo de conductas coarta el derecho de la víctima a la procuración e impartición de justicia y que la FECC presentó los datos de prueba necesarios para confirmar el auto de vinculación a proceso dictado por un juez contra la agente del Ministerio Público Martina “N”,  por el delito cometido por servidor Público, previsto y sancionado en el artículo 297 fracción IX del Código Penal de Morelos.

La mañana del 16 de diciembre de 2017, la víctima se dirigía a su trabajo en su motocicleta y el juez conducía su auto en aparente estado de ebriedad –luego del convivio de fin de año del Tribunal Superior de Justicia- sobre la carretera La Pera-Cuautla.

A la altura de Tepoztlán, el juez habría invadido el carril contrario y atropellado a Pedro Portilla. El juzgador se habría dado a la fuga sin prestarle auxilio a la víctima. Kilómetros más adelante fue detenido como presunto responsable del accidente de tránsito y la muerte del motociclista.

De acuerdo con la familia de la víctima, el juez fue liberado de inmediato, ni siquiera pisó los separos y en todo momento se le dio trato especial por parte del personal la Fiscalía General de Estado.

En consecuencia, inició una denuncia ante la FECC contra la agente del Ministerio Público, por no ejercer acción penal contra el funcionario judicial, pese a los indicios de su implicación como responsable en el fatal accidente.