Interviene CNDH en el caso; persecución política, detrás de actuaciones de Fiscalía Anticorrupción: Ojeda Cárdenas.

El gobierno del estado aseveró que los cateos realizados en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes (CASA) del DIF Morelos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, fueron ilegales y rechazó que haya actos de maltrato a jóvenes usuarios, como lo señaló la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas sostuvo  que, detrás de las actuaciones de dichas instancias hay una persecución política promovida por personajes allegados al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.     

Ojeda Cárdenas, junto con  Rafael Brito Miranda, Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, y Samuel Sotelo Salgado consejero jurídico del gobierno del estado, ofrecieron este jueves una conferencia de prensa para exponer que este asunto, que ha escalado al ámbito nacional, no tiene sustento.   

Brito Miranda hizo una narración de los hechos recientes en los que incluso ya intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Expuso que visitadores del Mecanismo Nacional de la Tortura de dicho organismo, estuvieron en las instalaciones donde se encontraban los adolescentes los días  23 y 24 de febrero pasado.  

A decir del procurador, se han realizado diligencias y procedimientos que revictimizan a los menores. Comentó por ejemplo que durante las actuaciones se hicieron preguntas "inducidas" a menores de edad que han sido víctimas de delitos o de violencia. Además, sin tener tutor o autorización de quien tiene la potestad les tomaron fotografías.  

Argumentó que sólo se sólo se pidió a personal del Mecanismo de la CNDH que se tomarán pruebas de PCR para salvaguardar la salud de los menores, debido a la pandemia de covid-19. 

Calificó como ilegales las intervenciones que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción en varias ocasiones, tanto a la casa como al Sistema Integral de Adicciones Nueva Integración (SIANI).
A decir del funcionario del Ejecutivo, el personal de la misma pretendía realizar entrevistas e interrogatorios "sin los protocolos debidos".  Narró que se presentaron argumentos sobre la inconveniencia de hacerles entrevistas ante el riesgo de afectación psico emocional. Sin embargo, pidieron que se presentara a los menores para identificarlos.  

Según esta versión, las demandas de amparo promovidas por la CDHEM en torno a este caso, han sido desechadas.  

El procurador sostuvo que no hay ningún adolescente desaparecido y en este asunto "hay hostigamiento" tanto de la comisión como de la Fiscalía Anticorrupción.   

Insistió en que los cateos derivados de la orden otorgada por el juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del 26 y 27 de febrero por la noche y hasta las 4:30 de la madrugada, fueron irregulares, al afectar la situación emocional de los menores.  

En esa ocasión, abundó el procurador, ingresó un gran número de personas a la casa y de nueva cuenta entrevistaron y tomaron fotografías a los adolescentes sin su consentimiento.  

Entre las anomalías, recalcó que se filtró a medios de comunicación la orden del cateo con nombres de los menores. Incluso mostró una imagen de la publicación en redes sociales del senador Emilio Álvarez Icaza, en la que habría revelado datos reservados.  

Detalló que el pasado 9 de marzo personal de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y de la CDHEM hicieron nuevamente una visita a la casa y otra al SIANI para constatar el estado de los albergados en dichos centros.  
El consejero jurídico dejó en claro que las demandas de amparo que promovió la CDHM fueron desechadas, lo que demostró que no hubo ningún acto ilegal en el actuar del DIF Morelos ní de la Pronaf. 

Anticipó que se lleva a cabo un análisis de todo lo ocurrido para determinar la viabilidad de proceder legalmente contra quienes sean responsables por los actos irregulares cometidos en agravio de los menores y de dichas instituciones.  

Por su parte, Ojeda Cárdenas sostuvo que un juzgado determinó como “ilegales los cateos realizados por parte de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por Juan Salazar Núñez, señalando que violaron los derechos humanos de los adolescentes al tratarlos como delincuentes, vulnerar su privacidad y cometer abuso de autoridad”.
Expresó que los titulares de la CDHM Israel Hernández Cruz y de la Fiscalía Anticorrupción Juan Salazar Núñez “han hecho de este gobierno y otros actores sus enemigos políticos” pero sostuvo que no se permitirá que se haga uso de las niñas, niños y adolescentes, para un “golpeteo político” que  “resulta inadmisible, intolerable y vergonzoso”. 

 “Como democracia y como sociedad no debemos permitir que supuestos servidores públicos procuren la justicia y el combate a la corrupción de forma parcial y acomodaticia; para muestra la determinación de hace unos días de no ejercer acción penal en contra de nueve funcionarios de la anterior administración con escandalosas acusaciones de corrupción”, expresó tajante al dar lectura al pronunciamiento oficial.  

A decir del procurador, el asunto comenzó por una inconformidad de algunos adolescentes por la renuncia del subdirector de la casa, pero insistió en que no hubo actos de tortura ni maltrato. De igual manera, aseguró que el SIANI, que presta servicios al DIF, cumple con la acreditación correspondiente por parte del Consejo Nacional contra las Adicciones y negó -como lo ha expuesto la CDHEM- que sea una organización religiosa.