Uriel Carmona reclama también por la negativa de la FGR a darle acceso a la carpeta de investigación en la que presuntamente se le atribuyen actos ilícitos.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Uriel Carmona Gándara, obtuvo una nueva suspensión contra cualquier posible orden de aprehensión y contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) a darle acceso a la carpeta de investigación en la que presuntamente se le atribuye actos ilícitos.

De acuerdo con el expediente 166/2021, el Juez Primero de Distrito concedió de manera provisional la medida cautelar contra actos de los Jueces del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, relativos a la posible “emisión o dictado de alguna orden de aprehensión, captura, detención” y le fijó una garantía económica de ocho mil pesos.

En este juicio de amparo el fiscal estatal acusó que la FGR no le ha dado acceso al expediente en el que se le imputa la comisión de un delito y que el agente del Ministerio Público Federal, dentro de la etapa de investigación inicial, fue omiso en darle a conocer oficiosamente la carpeta de investigación, ya que "hasta el momento no he sido notificado de ningún documento emitido por autoridad ministerial alguna de la Fiscalía General de la República, ni requerido para acudir ante dicha institución de procuración de justicia".

Además, consideró, "hay elementos para estimar que existe una investigación penal en contra del suscrito quejoso, a la que no se me ha dado acceso hasta la presente fecha; y de la que probablemente deriven las órdenes de captura”. 

En consecuencia, el juzgado de distrito concedió la medida provisional, únicamente para efecto de “que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la orden de aprehensión, captura, detención, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o cualquier otra privativa de la libertad, dictada en contra del quejoso”.

La autoridad federal acotó que, en el supuesto de existir una orden de aprehensión y tratarse de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19, constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que refiere a su libertad, quedando a disposición de las autoridades a la que corresponda conocer de la carpeta de investigación o el procedimiento penal para los efectos de su continuación, de conformidad con el artículo 166, fracción I de la Ley de Amparo.

Si se tratase de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente a la carpeta de investigación y/o al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a las autoridades responsables en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal, de conformidad con el artículo 166, fracción II de la Ley de Amparo.

Lo anterior, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva y este Órgano de Control Constitucional, tenga con los informes previos mayores elementos de convicción para resolver la presente incidencia.

Hasta el momento, Carmona Gándara ha promovido tres juicios de amparo. Uno para evitar que se pronuncie una sentencia por parte de la Cámara de Diputados federal respecto de la solicitud de desafuero presentada el 15 de diciembre de 2020 por la FGR ante la Sección Instructora, supuestamente porque el fiscal no tenía los exámenes de control de confianza al momento de su designación. Los otros dos amparos son contra la FGR por no dar acceso a los expedientes de investigación y para evitar la ejecución una probable orden de aprehensión.

Hace unos días trascendió en medios de comunicación nacionales que presuntamente la Unidad de Investigación Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto Castillo, habría abierto una indagatoria por presunto lavado de dinero en contra de Carmona Gándara, quien de inmediato comunicó que su patrimonio es completamente lícito y que en breve acudiría a ponerse a disposición ante la UIF para que todo se aclare.