Niega SCJN suspensión a Congreso de Morelos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la suspensión solicitada por el Congreso de Morelos contra actos del Congreso de la Unión, por lo que no hay obstáculo legal para que la Fiscalía General de la República (FGR) pudiese ejercer acción penal contra el fiscal General del Estado de Morelos (FGE), Uriel Carmona Gándara.

La ministra instructora Norma Lucía Piña Hernández admitió la controversia constitucional 151/2021 promovida por el Congreso local, en contra la decisión de Cámara de Diputados federal de considerar que Carmona Gándara no cuenta con fuero constitucional -por no ubicarse en los supuestos del artículo 111 constitucional- y pueda ser sujeto a proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), queseñaló al funcionario estatal de supuestamente incurrir en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

En la promoción de la controversia constitucional, el Congreso de Morelos solicitó al tribunal constitucional la suspensión para que las cosas se mantuviesen en el estado actual, es decir, para que no se ejecutara o materializara la determinación del 3 de mayo de la Sección Instructora, avalada por el Pleno de la Cámara de Diputados federal el pasado 14 de septiembre, y para que la resolución legislativa no fuese notifica a la FGR y, en su caso, la fiscalía federal se abstuviese de ejercer acción penal contra Carmona Gándara.

De acuerdo con el Poder Legislativo estatal, el Congreso federal transgredió el ámbito de competencial local y calificó como ilegal la determinación de la Cámara de Diputados y su Sección Instructora.
En respuesta a la petición de la medida cautelar, la ministra instructora determinó negar la suspensión “tomando en consideración que los temas que se ventilan en el presente medio de control constitucional se relacionan con instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano como son, por una parte, la declaratoria de procedencia contra funcionarios locales y, por la otra, la investigación y persecución de los delitos previstos en el artículo 135 dela Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

Con la admisión de la controversia constitucional, la SCJN emplazó a la Congreso federal para dar contestación a la demanda dentro del plazo de 30 días hábiles. A petición del Congreso de Morelos, se reconoció como tercero interesado a la Fiscalía General del Estado, “en atención a que, pudiera resultar afectada con la resolución definitiva que se emita en este asunto”.

El 15 de diciembre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados la solicitud de juicio de procedencia o desafuero contra el fiscal de Morelos, por supuestamente no contar con los exámenes de control de confianza al momento de su designación en febrero de 2018, y haber realizado diversos nombramientos en la FGE sin que las personas designadas contasen con las evaluaciones exigidas en  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Bajo estos supuestos,  FGR solicitó el desafuero de Carmona Gándara para imputarlo penalmente ante un juez por la presunta comisión de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, previsto y sancionado en los artículos 214 y 212 del Código Penal Federal, y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica, previsto y sancionado en el artículo 139 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

El 3 de mayo, la Sección Instructora, entonces presidida por Pablo Gómez -entonces diputado de Morena, recién nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno federal- por mayoría de votos, determinó que el fiscal estatal no contaba con fuero constitucional y, el 14 de septiembre, finalmente, ya con la nueva legislatura, la Cámara de Diputados, por mayoría, respaldó el dictamen de la Sección Instructora, con lo cual se abrió la posibilidad de que la FGR pueda imputar penalmente al fiscal de Morelos.