A tres años de su creación en el Congreso de la Unión, por iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) ha logrado avances trascendentes en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades del país.

Con el objetivo de establecer una nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicano, el Instituto ha consolidado acciones afirmativas para garantizar sus derechos individuales y colectivos, trabajando con el firme compromiso de alcanzar la justicia social y transitar hacia un Estado pluricultural.

Entre las acciones más destacadas de estos primeros tres años, el INPI implementó el Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI),  que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, en un marco de respeto a su libre determinación, autonomía y formas de organización.

Asimismo, impulsa la implementación y el ejercicio efectivo de los derechos y el acceso a la justicia; el aprovechamiento y conservación de sus tierras, territorios, recursos naturales, biodiversidad y medio ambiente; el apoyo a sus actividades económicas, productivas y estratégicas; la construcción de caminos e infraestructura básica y el fortalecimiento de su patrimonio cultural.

Reforma Constitucional

Con 54 foros regionales en 27 entidades, y un foro nacional en la capital del país, desde el 2019 inició el proceso de consulta libre, previa e informada para integrar la iniciativa de Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, con la opinión de las propias comunidades.

Luego de llevarse a cabo las asambleas de seguimiento en sus fases informativa y deliberativa, con más de 630 mil firmas de respaldo, la propuesta fue entregada por autoridades tradicionales yaquis al Presidente López Obrador el pasado 28 de septiembre de este año, en Vícam Pueblo, Sonora.

El documento consolidado por el Comité Técnico de Expertas y Expertos, plantea modificar 16 artículos de la Constitución para que los pueblos y comunidades indígenas sean considerados sujetos de derecho público.

Del mismo modo, pretende consolidar el derecho colectivo a la libre determinación y autonomía, al armonizarlo con los instrumentos internacionales en la materia y mediante mecanismos para su ejercicio efectivo.

Propone también reconocer la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades, su capacidad de recibir y administrar recursos públicos en forma directa, proporcional, justa y equitativa; así como facultar a las comunidades para aprobar y expedir sus ordenamientos jurídicos.

Plan de Justicia del Pueblo Yaqui

El 28 de septiembre de este año en la Guardia Tradicional de Vícam Pueblo, primera cabecera de la nación yaqui, el Presidente de la República firmó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, el cual se sustenta en 20 obras y acciones concretas en materia de tierra y territorio, agua y desarrollo integral.

Para reivindicar el territorio y el agua de los yaquis, como se establece en la resolución presidencial del General Lázaro Cárdenas de 1940, en ese día histórico se celebró la firma de acuerdos entre el Gobierno de México y las autoridades tradicionales.

En ese sentido, el Presidente firmó el decreto por el que se devuelven al pueblo yaqui dos mil 943 hectáreas para que sea parte de su patrimonio territorial a título colectivo.

Del mismo modo, fue firmado el decreto de creación del Distrito de Riego 018, el cual fue transferido al pueblo yaqui para que, por primera vez en la historia de México, un pueblo indígena administre un organismo de esta naturaleza.

Asimismo se consolidó la construcción del Acueducto Yaqui que permitirá reintegrarles el agua para uso humano desde la presa El Oviachic, hasta los ocho pueblos; así como recuperar el caudal ecológico del río yaqui, que fue secado intencionadamente para beneficio de unos cuantos.

Caminos de concreto hidráulico

Gracias a la organización comunitaria de los municipios que se rigen por Sistemas Normativos Internos o usos y costumbres en el estado de Oaxaca, el programa de caminos rurales pavimentados a cabeceras municipales indígenas avanza con la coordinación del INPI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Casi al finalizar este año 2021, 136 municipios y comunidades indígenas de Oaxaca se encuentran administrando recursos de este programa y han pavimentado con concreto hidráulico 550.46 kilómetros de caminos, con una inversión de 2 mil 300.66 millones de pesos.

Este año se concluyen 38 caminos que se suman a los 35 concluidos en el 2020 y a los 25 en el año 2019, con un total de 98 caminos, con lo cual se habrán pavimentado mil 472.13 kilómetros.

El ejemplo organizativo de Oaxaca será llevado al estado de Guerrero, donde el Presidente López Obrador anunció el pasado 23 de octubre una inversión de 2 mil 100 millones de pesos para caminos en la región de La Montaña.

Acuífero de los Valles Centrales de Oaxaca

El pasado 25 de noviembre del presente año, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto presidencial por el que se declara el derecho de pueblos y comunidades indígenas a administrar de manera sustentable las aguas que tienen en su territorio, a partir de las cuencas hidrológicas del acuífero de los Valles Centrales de Oaxaca.

Este es un paso fundamental en el reconocimiento a la libre determinación, autonomía y territorio de 16 comunidades zapotecas del distrito de Ocotlán de Morelos, lo que les permitirá participar en la administración coordinada del acuífero privilegiando su cuidado y aprovechamiento sustentable.

En su momento el INPI, que participó en apoyo a las comunidades, destacó que este decreto establece derechos específicos para que pueblos y comunidades indígenas accedan y puedan administrar sus aguas territoriales, como sucede también en el caso de los yaquis.

El artículo 7 del decreto estipula que, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, se reconoce a las comunidades su derecho a la libre determinación y autonomía, al participar en la administración del agua que tienen en su territorio.

Al reconocer la deuda histórica que se tiene con los pueblos indígenas y afromexicano, el Gobierno de México, a través del INPI, trabaja para garantizar el ejercicio y respeto de sus derechos fundamentales, entre los que se incluyen la libre determinación y la consulta previa, libre e informada para decidir sobre sus tierras, territorios y recursos naturales; así como a la preservación de sus conocimientos tradicionales; a la educación, salud y desarrollo sustentable y al reconocimiento de sus autoridades tradicionales, instituciones y formas organizativas.