La secretaria de Hacienda reitera que el presupuesto 2022 no fue aprobado por el Congreso y que el gobierno federal no ha adelantado participaciones a los estados.

Hasta la fecha no es posible destinar mayores recursos a los municipios, señaló la secretaria de Hacienda Mónica Boggio Tomasaz Merino, al recordar que no se cuenta con el presupuesto aprobado para el 2022 y la Federación tampoco ha dado anticipos de participaciones a los estados.

La funcionaria informó que algunos ayuntamientos -como el de Puente de Ixtla- han solicitado adelanto de recursos ante la grave situación financiera que enfrentan por los adeudos que recibieron.

Comentó que en diciembre pasado también Cuautla y Jiutepec solicitaron anticipos, pero hasta la fecha no ha sido factible otorgar ese apoyo, pues la Federación tampoco ha enviado adelantos a los estados.

Respecto a la solicitud de que se entregue a los municipios de forma adicional un 2.5 por ciento de las participaciones, la secretaria de Hacienda dijo que esa propuesta se hizo cuando se presentó el paquete económico, pero como es de todos sabido, el Congreso no lo aprobó, por lo que la respuesta a esa petición no sería un no rotundo, pero por ahora no es posible, ya que no se cuenta con el instrumento legal para hacerlo.

Declaró que es factible que se les brinde apoyo a los municipios con obras, pero dejó en claro que, al menos por ahora, no es posible entregar más recursos a los municipios directamente.

Mónica Boggio sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede interferir en el Poder Legislativo, por lo que la reanudación de los trabajos para la aprobación del nuevo presupuesto es un asunto que le compete solo al Congreso.

La funcionaria estatal indicó que se analizan también solicitudes de ampliación como las del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) y la del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem).

En cuanto al Impepac, explicó que se tendría que revisar la petición de 37 millones de pesos adicionales, pero se revisará con base en el ejercicio fiscal del 2020 porque el año pasado fue un año electoral y no se puede tomar como referencia.

Mencionó que en el caso del Cobaem, se les adeudan recursos de varios años atrás y el subsistema va a requerir como 109 millones de pesos. Solo para el pago a jubilados y pensionados se requieren 38 millones de pesos, por lo cual “buscaríamos acuerdos”.

En lo que se refiere al presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, la responsable de las finanzas manifestó que el Ejecutivo está a la espera de que el Congreso cumpla con la ejecución de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que determine qué se debe considerar como “gasto programable”, pero dejó en claro que desde el año pasado se entregaron más recursos al TSJ mediante ampliaciones por un monto de alrededor de 150 millones de pesos para el pago de un crédito y de pensiones, por lo que en total se le entregaron al Poder Judicial alrededor de 680 millones de pesos.

Finalmente, en entrevista con diferentes medios de comunicación, la secretaria dio a conocer que hay una propuesta de inversión por 16 millones de pesos como aumentó de capital para el organismo que gestiona el aeropuerto Mariano Matamoros, pero apuntó que se sigue valorando con la Junta de Gobierno: “porque, como saben, compartimos acciones por parte de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entonces tenemos que analizar si es viable, ver adeudos y si es rentable. Consideró que ese tema se habrá de definir a más tardar en un mes”.