La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 57VG/2022 a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves a los derechos humanos y por actos de tortura en agravio de un hombre detenido en 2014 por elementos de la extinta Policía Federal (PF) en el municipio de Temixco.

De acuerdo con el organismo nacional, el 5 de marzo de 2021 recibió la queja firmada por el afectado, quien narró que fue detenido el 4 de febrero de 2014 en Temixco y torturado por sus captores.
Un día después fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), en la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la Ciudad de México, y fue obligado a "confesar" supuestos actos delictivos cometidos por él  y terceros.

En su declaración preparatoria, el 10 de febrero de 2014, ante un Juzgado de Distrito, manifestó que había hecho la declaración ministerial coaccionado, porque fue golpeado y amenazado por tres elementos de la entonces Policía Federal y que las lesiones que presentaba se las provocaron sus aprehensores, y en ese acto presentó denuncia contra sus captores.

Con base en los dictámenes de integridad física realizados por peritos oficiales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el estudio psicofísico de ingreso al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), realizados el 6 de febrero de 2014, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos de la víctima.

Dichos exámenes sirvieron de base para el dictamen médico pericial realizado el 31 de octubre de 2019, conforme al Protocolo de Estambul, que se integró a la causa penal relacionada con la víctima, la cual resultó positiva a tortura.

La CNDH señaló que en este caso se vulneraron los derechos básicos e indiscutibles del respeto a cualquier persona, en sus ámbitos físico y mental, y ante las evidencias analizadas se solicitó a la SSPC que se brinde la reparación integral del daño a la víctima, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos.

Así bien, que se inscriba al afectado en el Registro Nacional de Víctimas y se le otorgue atención médica integral y psicológica, la cual deberá brindarse por personal especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades, así como proveerle de medicamentos y materiales gratuitos convenientes a sus padecimientos.

De igual manera, que colabore ampliamente con la Fiscalía General de la República en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que esta CNDH presente contra los servidores públicos implicados en los hechos, a fin de que se investigue y determine, conforme a derecho, la responsabilidad penal que corresponda.