Lo anterior, lo confirmaron propietarios de las concesiones, que se dijeron sorprendidos de la revisión, pues afirmaron que dichos permisos fueron avalados en su momento por la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Transportes (DGT).
Por lo anterior, transportistas urgieron al gobierno del estado agilizar dicho proceso de revisión e iniciar trámites de la cesión de derechos, y que dos mil personas aproximadamente puedan registrarse como propietarios de concesiones que adquirieron hace por lo menos seis años.
“Están en la revisión de los expedientes. No sé qué esperan encontrar, no sé si quieran encontrar el hilo negro porque las concesiones están permitidas y fueron validadas por el gobierno estatal”, aseveró Víctor Lara Alarcón, líder de la Confederación de Radiotaxis del Estado de Morelos.
El líder transportista recordó que desde hace dos años se solicitó al gobierno del estado, comenzar el proceso de registro de cesión de derechos, ya que en los últimos años no se ha podido crear un padrón de concesionarios, debido a que no se sabe quiénes son los dueños de los permisos.
“Lo que hay es incertidumbre porque la gente que ha adquirido una concesión no puede apropiarse totalmente de ésta y en cualquier caso el anterior dueño podría reclamarla, porque en la Dirección de Transportes sólo está registrado su nombre”, declaró Lara Alarcón.
Cabe recordar que en el año 2006, transportistas no beneficiados con la expedición de concesiones a finales del gobierno de Sergio Estrada Cajigal iniciaron un recurso de queja ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y alegaron irregularidades en el proceso.
A partir de entonces, el Contencioso Administrativo inició notificación a más de 3 mil personas que adquirieron una concesión para entregar la documentación correspondiente. Ya que la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) señaló irregularidades en el proceso.
Por lo anterior, la Secretaría de Gobierno y la Dirección General de Transportes se ven impedidas de realizar el proceso de cesión de derechos, puesto que no hay garantía que los propietarios iniciales hayan adquirido la concesión de manera adecuada, sin anomalías.
