Pascual Gumaro Archundia  Becerril es investigado por la Contraloría.

Por orden de la Secretaría de la Contraloría, Pascual Gumaro Archundia  Becerril deberá ser separado de inmediato de su cargo como director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos, luego de que un juzgado de distrito le negó la suspensión definitiva contra la medida cautelar ordena por dependencia estatal.

De acuerdo con el juicio de amparo 143/2023, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito, el 23 de enero de 2023 la Dirección General de Responsabilidades de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos y el Comisario Público en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos resolvieron la separación del cargo de Archundia  Becerril, por encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa por presuntas irregularidades en su desempeño.

El funcionario recurrió la medida cautelar ante la justicia federal. En un primer momento, su juicio de amparo se tuvo por no presentado porque no atendió la prevención que le realizó el juez de distrito.
Tras interponer una queja ante un tribunal colegiado, se ordenó al juez readmitir la demanda. Inicialmente, se le concedió la suspensión provisional para continuar en funciones al frente del Centro de Conciliación Laboral.

Sin embargo, hace unos días las partes fueron notificadas de la determinación del Juzgado Tercero de Distrito de negar la suspensión definitiva.

“(…) se niega la suspensión definitiva, en razón de que no se surten los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que de concederse la suspensión se afectaría el interés social. Lo anterior es así en razón de que la medida cautelar impuesta en el procedimiento incoado en contra del quejoso busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia, así como el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando mayores daños a la administración pública.

“De ahí que la suspensión temporal en el empleo del quejoso como servidor público se estime idónea y razonable para facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio ulterior a la administración pública”, estableció la autoridad judicial.

La suspensión del cargo también “se hace extensiva a la retención de las percepciones del servidor público, en tanto se respete el mínimo de subsistencia, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña, es decir, en la medida en que los ingresos a los que tiene derecho derivan del desempeño de las funciones que le son encomendadas y a los cuales tendrá derecho siempre que dicha función se desarrolle; en el entendido de que, dictada la resolución respectiva, si el servidor público fuera exonerado de cualquier responsabilidad, deberá cubrírsele el remanente del total de las percepciones que dejó de recibir, descontando la cantidad que se le cubrió por concepto de ingreso subsistencial”.

Archundia Becerril fungía como presidente de la extinta Junta Local de Conciliación Arbitraje hasta octubre de 2021, cuando el Congreso de Morelos –en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral- lo designó con 18 votos  como director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Morelos.
En ambos cargos, los abogados laboralistas lo acusaron de omisiones, rezago y de estar recurrentemente ausente de sus funciones.