Al fracasar la propuesta de una reforma constitucional, pretenden concretar el "retiro voluntario" de ocho magistrados mediante un decreto, que se formalizaría hasta diciembre de este año.

Mediante un decreto, el grupo de los 15 legisladores (G-15) del Congreso del estado pretende concretar el "retiro voluntario" de ocho magistrados, el cual se concretaría hasta el 31 de diciembre del presente año.

Aunque de forma inicial se habló de una reforma constitucional, ésta nunca habría sido aprobada por el Constituyente Permanente, integrado por los 36 municipios y que en su mayoría se han organizado en un bloque opositor al Congreso del estado.

Por ello, el grupo mayoritario impulsó una propuesta de decreto pensionatorio en la que se establece que los magistrados que deseen retirarse de manera voluntaria deberán acreditar ocho años en el cargo de magistrados y podrán retirarse con un 75 por ciento de sus ingresos actuales, los cuales aumentarán un cinco por ciento por cada año de servicios prestados en la administración pública hasta llegar al 100 por ciento de una pensión o haber de retiro.

Dicha pensión para los magistrados en retiro voluntario también podrá ser heredable a sus hijos o esposas por fallecimiento.

El dictamen con proyecto de decreto será presentado para su aprobación  durante la sesión ordinaria de esta misma semana, y los magistrados que deseen retirarse de forma voluntaria tendrán que presentar su solicitud al Congreso del estado cinco días después de la publicación del decreto en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

Los magistrados que están en el supuesto planteado por la propuesta de decreto son: Elda Flores León, cuyo nombramiento concluye el 20 marzo 2027; Guillermina Jiménez Serafín, cuyo cargo vence el 16 de mayo del 2024; Bertha Leticia Rendón Montealegre, el 31 de diciembre 2027; Manuel Díaz Carbajal, el 31 de diciembre de 2027;  Juan Emilio Elizalde Figueroa, el 31 de diciembre del 2027; Luis Jorge Gamboa Olea, el 26 de junio de 2028; Andrés Hipólito Prieto, el 16 de mayo del 2024; y María del Carmen Aquino Celis, el 26 de junio 2028.

Sin embargo, el acuerdo al que habrían llegado los diputados del G-15 sólo se concretará con algunos de los magistrados antes mencionados y se excluirá al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea.

Una vez concretado el retiro de los magistrados, el Congreso local podrá emitir las convocatorias correspondientes para sustituir las vacantes.
Sin embargo, el retiro de los magistrados causará efectos hasta el 31 de diciembre de este año y los nombramientos de los nuevos magistrados el primero de enero del 2024.