Integrantes de la comunidad de afrodescendientes en Morelos demandaron a los  cabildos municipales aprobar la reforma constitucional que los reconoce y visibiliza, con la finalidad de terminar con los problemas a los que se enfrentan constantemente, como la discriminación y la falta de acceso a programas sociales.

Ana Guadalupe García González, afromexicana, calificó a la reforma al artículo 2Bis de la Constitución Política del Estado como un acto de justicia social por que concede la libre determinación de un sector de la población que históricamente ha sido vulnerado.

Sin embargo, dijo que lamentablemente sólo 13 cabildos la han aprobado, a un año de su aprobación

"El Congreso no nos ha dado la información de quiénes son los municipios, que son 36. Solamente 13 han aprobado, pero no sabemos si hay un exhorto, si hay un documento. Nosotros como población afrodescendiente tenemos ya un recurso en el IMIPE, tenemos una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder lograr esta exigencia. Si el Congreso no va a hacer el trabajo, nosotros como colectivas afrodescendientes estamos dispuestas  a recorrer el estado para que esta reforma suceda, porque si esta reforma no sucede las poblaciones afrodescendientes en Morelos quedamos invisibilizadas", manifestó García González.

Mencionó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, la población afrodescendiente sufre discriminación y la falta de ingreso a programas sociales del gobierno federal, porque no hay un reconocimiento de estos en la población mexicana, incluso, en Morelos están ubicados en Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla y Coatetelco.

Fue en el año 2001 cuando por primera ocasión el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) genera la inclusión de este grupo poblacional en un censo, que representa el 1.2 de la población en el país. Del total de esa población, 705 mil son mujeres y menos de 650 mil son hombres.

De acuerdo con la Constitución Política del Estado, no existe una fecha límite para que los cabildos se pronuncien con respecto a una reforma en la materia, pues se deben alcanzar las dos terceras partes de los 36 municipios, lo que equivale a 24.