Cabe recordar que los docentes en retiro han luchado por el reconocimiento y pago de prima de antigüedad, lo que derivó por un lado, en que el Ejecutivo estatal acordara con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), una asignación adicional de 76 millones de pesos para pagarles un apoyo extraordinario por única ocasión.

Ante la tenaz movilización de los jubilados, el Congreso local acordó por mayoría incrementar este monto y que se asignara una partida adicional por 24 millones de pesos para elevar el monto disponible, que traducido en el recurso para los ocho mil jubilados ascendería a unos 12 mil pesos en promedio para cada uno.

El Gobierno estatal interpuso un recurso de controversia ante la SCJN, el cual recientemente fue recibido y resolvió dar un plazo al Poder Legislativo para replantear su acto.

Este martes, los jubilados de nueva cuenta se presentaron, primero, en el Congreso local para dar a conocer en conferencia de prensa que han decidido dialogar con los diputados y expresar su petición de que se dé respuesta a dicha controversia en tiempo y forma, y que presionen políticamente para que haya un acuerdo para que ese recurso “no sea escatimado a los maestros”.

Posteriormente se trasladó la comisión al Palacio de Gobierno, donde entregaron por escrito su solicitud formal para que el Ejecutivo se desista de dicho recurso de controversia.

El abogado Pedro Ponce Bello explicó que en la controversia 80-2011, se expresa de forma explicita que se niegue a los jubilados el pago de esos 24 millones de pesos. Dijo que han acordado que el 23 de agosto próximo habrán de marchar miles de jubilados del Congreso al Palacio, con la misma exigencia.

Aseveró que este grupo de jubilados desconoce el acuerdo al que pudieron llegar la dirigencia del sindicato con el gobierno sobre cubrir los 24 millones de pesos en tres pagos, como lo ha comentado el líder Luis Manuel Rodríguez Olvera, y aseveró que “si hay tal acuerdo, no se está cumpliendo, porque sigue en pie el recurso de controversia”.

Según el representante legal, en la resolución primera de la Corte se expone que el recurso habría sido presentado fuera de tiempo, y al Congreso lo emplaza a que en un plazo de 30 días hábiles dé respuesta.

Por otra parte, Pedro Ponce, acompañado por la comisión, aseveró que aún están pendientes más de tres mil demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, no obstante que otros de sus compañeros habrían sido “obligados” a desistirse de la demanda a cambio del pago de dicho bono, y no se estaría cumpliendo al no cubrir la parte faltante.

Dijo que en los casos donde el laudo de los tribunales laborales es adverso a ellos, se ha interpuesto amparos y solicitud de revisión en el Tribunal Colegiado correspondiente.