Con 362 votos a favor, diputados aprobaron la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención, la reforma que permitiría la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional, y además le otorga los controles administrativo y operativo.

Sobre este dictamen, legisladores de todos los grupos parlamentarios presentaron en total 433 reservas, que se discutirán en lo particular, y se espera que el proceso concluya la madrugada de este viernes. 

En los posicionamientos, la mayoría de los diputados de oposición acusaron al bloque oficialista de buscar militarizar al país y la seguridad pública. 

En la primera ronda de posicionamientos, la diputada Aracely Olguín, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que podría ser un paso delicado y tal vez irreversible, pues a lo largo de la historia se ha visto que la militarización de la seguridad pública abre la puerta a la violación de los derechos humanos.

En el mismo sentido, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Miguel Alejando Alonso Reyes, indicó que el dictamen desvirtúa el propósito original de las fuerzas armadas, por lo que es un error militarizar a la Guardia Nacional.

La diputada Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, también se manifestó en contra de la reforma, pues consideró que no resuelve el problema de la violencia y la inseguridad en el país, y elimina los controles democráticos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

En su turno, la diputada Ana Elizabeth Ayala, de Morena, argumentó que la reforma obedece a una disciplina, ya que la Guardia Nacional bajo la coordinación de la Sedena garantizará una estrategia integral, sólida y efectiva para retomar el control del territorio donde el crimen pretende imponer su ley.

Por parte del Partido Verde, la diputada Ana Erika Santana expuso que es de la mayor relevancia para los mexicanos concretar los cambios al texto constitucional, pues inciden de manera directa al fortalecimiento de la Guardia Nacional y, en consecuencia, a la seguridad pública.

Con esta reforma, la Guardia Nacional deja de ser una “institución policial de carácter civil” para convertirse en “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional”.

Asimismo, le otorgan facultades para investigar delitos, en coordinación con el Ministerio Público.

Además le asigna la obligación de coordinarse con el Ministerio Público e instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para cumplir con los fines de la seguridad pública.