La presidenta de México aseguró que es importante que los Poderes Ejecutivo y Legislativo promuevan la participación de la ciudadanía en este “evento tan transformador”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que apelará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la determinación del Instituto Nacional Electoral (INE) para prohibir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo promover la elección del Poder Judicial.

“Si nos llega la notificación, de todas maneras vamos a acudir al Tribunal, porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va ocurrir en México el 1 de junio”, consideró.

En su conferencia de prensa matutina, rechazó que desde el gobierno se pretenda promover el voto por una persona en particular, y aseguró que de lo que se trata es de promover la participación de la gente.

“En cuanto a la difusión del gobierno, el objetivo es promover que participe la gente el 1 de junio. No vamos a promover el voto por una o por otra persona, sino sencillamente la participación. De todas maneras, aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo, por parte del gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del 1 de junio”, insistió.

Mencionó que aún no han sido notificados sobre la resolución del INE, pero afirmó que la gente está muy bien informada sobre el proceso electoral.

“Todavía no hemos sido notificados, porque la ley es cuando te notifica. Entonces, podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial”, recalcó.

Pidió a la gente que se informen, pues en la página del INE hay un apartado donde viene la historia de cada uno de los que está participando, su currículum y sus propuestas.

“Hay que informarse y poder ejercer este derecho que es muy importante”, concluyó.

El pasado 29 de marzo, con ocho votos a favor y tres en contra, los consejeros del INE determinaron prohibir a los gobiernos federal, estatal y municipal, además del Poder Legislativo, realizar cualquier acto de promoción del proceso electoral del Poder Judicial, y determinó que la única institución que podrá promover la votación es el Instituto Nacional Electoral.