Diputada federal plantea reformar la Ley General de Educación para incorporar en los planes de estudio de escuelas públicas y privadas temas y actividades que fomenten el combate a los actos de corrupción.

La diputada María de los Ángeles Ballesteros García, de Morena, propuso que se incluya en los programas de estudio, tanto de escuelas públicas como privadas, el fomento de la cultura de la legalidad y la prevención, combate y erradicación de los actos de corrupción.

Se trata de una iniciativa para adicionar la fracción XVI del artículo 30 de la Ley General de Educación, y fue turnada a la Comisión de Educación para su discusión.

El objetivo de la iniciativa es fortalecer la formación ética y ciudadana de las futuras generaciones, además de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.

En la exposición de motivos de la iniciativa se plantea que México ocupa el lugar 126 de 180 países evaluados, con una calificación de 31 puntos sobre 100, lo que refleja que persisten prácticas corruptas en distintos ámbitos de la vida pública, principalmente en materia social, política y económica.

Señala que la educación tiene el poder de moldear valores, actitudes y comportamientos, desde edades tempranas, y enseñar principios éticos, así como fomenta el respeto por las normas promoviendo una conciencia crítica frente a las prácticas corruptas.

Subraya que desde el aula se pueden implementar actividades y contenidos que sensibilicen sobre la importancia de actuar con integridad, por ejemplo, simulaciones y juegos que representen la toma de decisiones éticas, discusiones de casos reales de corrupción y sus efectos en la sociedad, y talleres y campañas escolares que promuevan valores como la transparencia y la responsabilidad.

Enfatiza que la corrupción socava la confianza ciudadana sobre las instituciones, debilita el estado de derecho y perpetúa desigualdades sociales. 

La iniciativa retoma datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023, del INEGI, que revelan que el 83.1 por ciento de las personas considera que la corrupción es más frecuente en sus estados, y 44.7 por ciento declaró ser testigo de actos de corrupción.

Según esta iniciativa, en 2023 el costo total a consecuencia de la corrupción por pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 11 mil 910 millones 615 mil 651 pesos, lo que equivale a tres mil 368 pesos por persona afectada.

La diputada promovente ejemplificó que ante el problema de corrupción a nivel global, varios países han implementado estrategias educativas, con la finalidad de fomentar la transparencia y la ética desde las aulas, incorporando en sus planes de estudio temas relacionados con el combate a la corrupción.