La presidenta Claudia Sheinbaum y el representante del Senado, Gerardo Fernández Noroña, coinciden en que el tribunal electoral debe descalificar a los aspirantes a puestos del Poder Judicial en quienes se comprueben nexos con el crimen organizado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró que en caso de que se compruebe que algunos candidatos que participarán en la próxima elección judicial tienen nexos con el crimen organizado, se puede imponer alguna medida precautoria o descalificarlos, a pesar de que aparecerán en las boletas electorales.

En su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal afirmó que depende del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definir qué hacer en los casos donde se confirme que algún candidato no cumple con los requisitos para postularse a estos cargos de elección.

“Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el ocho de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada y —desde mi particular punto de vista y veremos qué decide el Tribunal— podría, aunque ya esté en la boleta, poderse poner una medida precautoria o en su caso descalificar a la persona”.

El pasado martes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que fallaron los filtros para seleccionar a los candidatos que participarán en la próxima elección judicial, pues entre los tres mil aspirantes identificaron algunos casos que tienen nexos con el crimen organizado y, por lo tanto, no cumplen con el requisito de probidad.

“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos”, señaló.

El senador por Morena consideró que el TEPJF debería retirar el registro a los candidatos que no cumplen con los requisitos para postularse a puestos del Poder Judicial y no esperar a que se lleve a cabo la elección para tomar medidas. Asimismo, recordó que en caso de que las candidaturas sean canceladas, no podrán ser sustituidas. 

Señaló que la mayoría de candidatos que tienen identificados que podrían tener nexos con el crimen organizado, provienen del Poder Judicial, pero también hay algunos casos que fueron seleccionados desde el Poder Legislativo.

“Sí y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo”, apuntó.

Ayer, en conferencia de prensa, Fernández Noroña afirmó que son una veintena de candidatos a jueces que han defendido a integrantes del narcotráfico y por el momento no revelará sus nombres.

Rechazó que vayan a sancionar a los integrantes del comité de evaluación que falló en los filtros, pues aseguró que no hubo mala fe.

“El comité procesa, claro que puede tener un error. (…) El número de candidaturas, de aspirantes que recibieron, que procesaron, el trabajo que realizaron, en un proceso inédito, sin una estructura, es un trabajo honorífico y ahora, además, los vamos a sancionar, no bueno, me parece que no hubo mala fe en ningún caso, que hubo un proceso altamente profesional”, aseveró.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) condenó y externó su preocupación por la aceptación del presidente del Senado de que entre los candidatos propuestos para integrar el Poder Judicial por medio de elecciones, se encuentren personas vinculadas con el crimen organizado.

“Estas declaraciones no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que JUFED ha advertido desde el inicio: la reforma judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”, subrayó.

La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los defensores de los derechos humanos, para que conozcan lo que calificaron como “los efectos del desmantelamiento del Poder Judicial en México y su impacto en el debilitamiento de la democracia”.