Es que, dijo, “se van siempre con el mejor postor, con el abogado que les paga más”, y lo que se ha detectado de anomalías son por ejemplo “embargos de parte de actuarios sobre bienes que no han sido señalados como propiedad de la empresa demandada, notificaciones que no se hacen en tiempo y forma y se guardan debajo del escritorio para dejar correr el tiempo y que los salarios caídos sean a favor del sector laboral”, entre otras irregularidades.
Por ello, dijo, desde el sector empresarial se está haciendo una labor de acercamiento con las autoridades laborales, como la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Karla Herrera Alonso, y con el secretario del Trabajo y Productividad, Víctor Reyes Adams, para poder llegar a un mecanismo que “nos permita coordinar desde el CCE una mejor actuación, con mayor ética y justicia al interior de la Junta”, a través de los recursos que ya se autorizaron para el CCE del orden del millón 100 mil pesos para la instalación de una Oficina de Coordinación que permitirá “darle puntual seguimiento a lo que hacen los actuarios, los conciliadores e inspectores y también haciendo fuerte presión ante las instancias de la Procuraduría de Justicia para ir penalmente contra quien opere con falsedad de declaraciones, ya sean patrones o trabajadores, para que no haya abuso de la ley por parte de los litigantes”.
Esta oficina coordinadora contará con el apoyo de los representantes del capital de la JLCyA, y desde ahí “se estaría llevando el seguimiento y evaluación al actuar de los funcionarios en comento, además de que se darán cursos de capacitación y asesoría en materia laboral a las empresas para que se genere un clima de armonía y estabilidad al interior de las mismas, y con ello se eviten tantas demandas”.
Salgado Ponce señaló estar seguro de que esto “beneficiará el desarrollo económico y a la prosperidad de las empresas y por ende del estado; por eso hemos estado insistiendo en el apoyo del Fondo de Competitividad y Productividad (Fidecom) para poder trabajar en este proyecto y que las demandas laborales para el próximo año disminuyan en por lo menos un 20 por ciento menos respecto al número que arroje este 2011”.
