En rueda de prensa, el coordinador parlamentario del blanquiazul, Luis Miguel Ramírez Romero, acusó de omisión y de actuar con dolo en el desempeño de sus funciones al director de Fiscalización que funge como auditor desde diciembre del año pasado, cuando Gerardo Casamata Gómez fue destituido del cargo por enfrentar un proceso legal en su contra.
El diputado local pidió que el encargado de la ASF sea apercibido para que a más tardar el día diez de este mes presente los resultados de las revisiones hechas a los Ayuntamientos y el gobierno del estado; de lo contrario, exigirá su destitución.
“Hemos podido observar una actitud negligente, si no es que alevosa, para presentar estos resultados, porque está dejando en indefensión a los presidentes municipales y en la medida que vaya prolongándose las fechas, van a tener menos tiempo, más apurados estarán para entregar estas revisiones. Si alguno de ellos tuviera una aspiración política, sería motivo de chantaje por parte de quien pudiera estar al frente del órgano”, declaró Ramírez Romero.
El coordinador de los diputados panistas afirmó que el actuar de Luis Manuel González Velázquez tiene la intención de favorecer al partido que lo colocó en dicho cargo, al Revolucionario Institucional, por lo que exigió que de inmediato cumpla con su trabajo.
Es que explicó que las revisiones de las cuentas 2009 debieron haber concluido a más tardar en febrero de este año y de continuar este atraso, las auditorías de este año podrían terminar hasta el 2014.
Podría volver Casamata a la ASF
En tanto, el coordinador parlamentario del PAN confirmó que Gerardo Casamata Gómez, auditor superior de Fiscalización, podría ser restituido en su cargo pues un tribunal unitario resolvió que no había elementos para responsabilizarlo del delito de entrega de documentación errónea. De ahí que el Congreso local estaría obligado a colocarlo nuevamente como auditor.
Al respecto, Gerardo Casamata Gómez confirmó su situación legal y dijo que buscará regresar al cargo, además de exigir el pago de salarios caídos por el tiempo que estuvo separado de la Auditoría Superior de Fiscalización, cuando aún le faltaban cinco años de encargo.
