Luego de que el pasado jueves los sindicalizados se inconformaran ante la posibilidad de que el pleno del Congreso local aprobara la reforma a la Ley de Servicio Civil, pues estaba enlistada en el orden del día para su aprobación en la sesión extraordinaria, el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Millán, dijo que las representaciones de los tres Poderes del estado ya trabajan con un asesor legal para analizar de fondo el dictamen.
“Lo que vimos fue una falta de sensibilidad por parte del Congreso del estado, porque nunca nos convocaron a foros para dar nuestro punto de vista para esta reforma y ahora lo que vemos es que lejos de beneficiarnos nos perjudicarán”, declaró Jesús Millán.
Mencionó algunas de las afectaciones que tendrán con la reforma a la Ley de Servicio Civil como poner más “candados” a los sindicatos para poder convocar a huelga, en caso de problemas laborales; limitar el aumento salarial, ya que se pretende que éste se dé conforme al salario mínimo; disminuir el pago de aguinaldos, así como evitar que más trabajadores se vayan a huelga.
“Son muchos puntos de fondo que no nos conviene, pues en el caso del incremento salarial al darse conforme al salario mínimo, el patrón podría interpretarlo a su conveniencia. Son muchos puntos que habremos de plantear al Congreso, a fin de llegar a acuerdos”, añadió.
Al respecto, la presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado, Hortencia Figueroa Peralta, afirmó que los líderes sindicales no están bien informados del contenido del dictamen de reforma, ya que cuando se les quiso incluir en su creación éstos nunca asistieron a las mesas de trabajo.
Afirmó que la intención es llegar a un acuerdo; sin embargo, negó que el fondo de esta reforma sea afectar los derechos laborales; al contrario, se pretende reforzarlos, pues se intenta marcar la diferencia entre un trabajador de base, un sindicalizado y el de confianza.
Según lo que explicó la diputada, son tres los aspectos principales de la reforma de la Ley de Servicio Civil: distinguir en la ley a los trabajadores de confianza a fin de que no tengan los mismos derechos y a la hora de ser despedidos no generen problemas económicos a las administraciones, como en cada cambio de gobierno que se da; señalar las bases para la jubilación, pensión por edad avanzada y el pago de aguinaldo, a fin de no pagar más a funcionarios de altos mandos (diputados, gobernador, alcaldes, etcétera).
Como tercer punto, está el dar las herramientas legales al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para que en el desahogo de los asuntos pueda emitir resoluciones en un periodo máximo de seis meses y la justicia laboral sea más pronta.