Luego de que Enrique Rodríguez Zagal, presidente de la Confederación de Transportistas y Actividades Similares, acusó a los magistrados del TCA de haber propiciado el “pirataje” por mantener una suspensión que permite la circulación de 149 unidades de la Unión de la Clase Trabajadora (UCLAT), los magistrados realizaron diversas aclaraciones.
Jorge Alberto Estrada, magistrado de la tercera sala y quien actualmente lleva el caso UCLAT, señaló que el caso data desde 2005 y fue heredado a los actuales magistrados. Sin embargo, indicó que este juicio –que aludió Rodríguez Zagal- no ha sido resuelto por una serie de recursos promovidos por las partes, que han impedido que esta sala llegue a la sentencia.
Cuestionado sobre si es posible revocar la suspensión otorgada en el 2005 a la UCLAT, señaló que no y detalló que el juicio se encuentra en el proceso de admisión y revisión de pruebas, pero insistió en que debido al cúmulo de recursos promovidos por las partes en litigio no ha sido posible llegar a una resolución.
El conflicto transportista tiene su origen en la autorización que dio Xavier García Castellá, otrora director de Transportes durante el sexenio de Sergio Estrada Cajigal, para que una flotilla de taxis de la UCLAT pudiera prestar el servicio de transporte sin itinerario fijo.
Esto causó inconformidad entre otras agrupaciones y el asunto fue llevado al TCA, donde los magistrados anteriores otorgaron una suspensión a la UCLAT que permite la circulación de 149 taxis.
Por su parte, entrevistados por separado, los magistrados de la Primera y Segunda Sala del TCA, Martín Jasso Díaz y Orlando Aguilar Lozano, afirmaron que la función del tribunal es dirimir las divergencias entre los particulares y las entidades públicas estatales y municipales, y hacer respetar la legalidad.
Expresaron que desde su gestión como magistrados prácticamente en el tema de transporte no han otorgado suspensiones, porque él o los demandantes no han sustentado legalmente sus peticiones.
“Es importante citar que al inicio de esta administración se a procurado que en los asuntos del transporte, entre otros, se ventilen bajo la normatividad correspondiente. Es decir, no se ha concedido una suspensión a quien no acredite su interés legítimo o jurídico para tal efecto, lo que ha traído como consecuencia una credibilidad a este tribunal. Basta ver las suspensiones que diversas materias se han negado”, dijo.