Recordemos que el pasado 14 de abril en sesión ordinaria, el diputado Luis Miguel Ramírez Romero, puso en la mesa, el que se pueda adicionar en el artículo 42 bis de la Constitución Política del Estado de Morelos, el que se pueda otorgar seguridad por el mismo número de años que hayan ejercido su encargo público al gobernador, al procurador, a los secretarios de seguridad pública y de gobierno, así como al secretario ejecutivo del consejo estatal de seguridad, debido a que han tenido amenazas directas de la delincuencia organizada y sus vidas están en riesgo una vez que dejen el cargo.

En este contexto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón, manifestó la indignación que les causó al sector la posibilidad siquiera de que se ponga en la mesa este tipo de iniciativas; mientras que Juan Carlos Salgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, comentó que la amenaza “la tenemos todos los ciudadanos de Morelos, que incluso han tenido que emigrar del estado para protegerse y además los salarios que ganan estos altos funcionarios les da para que ellos mismos puedan pagar su propia seguridad”.

Al término de la reunión, los empresarios informaron que ambos legisladores “se comprometieron a plantear estos argumentos a los demás compañeros diputados y nos darán una respuesta el próximo miércoles”.

Y refirieron que su postura seguirá siendo la misma, porque además, “la ley no precisa el número de personas que estarían siendo contratadas para salvaguardar a estos cinco funcionarios, dice: los necesarios para resguardar su seguridad, pero con uno que se contrate, no estamos de acuerdo y mucho menos que además de pagar elementos, se les den vehículos blindados y armamento que representan un gasto de 160 hasta 200 millones de pesos y es no es justo ni correcto para los ciudadanos”.