“Es lamentable la situación de inseguridad y de violencia en el estado, esperamos que lleguen más fuerzas federales, es el compromiso del gobierno del estado. No está al cien por ciento el programa implementado, nos parece que urge y apremia que finalmente lleguen todas las fuerzas que están comprometidas para el Programa Morelos Seguro”, declaró.
Arizmendi García refirió que no hay un plazo para dar resultados en cuanto a la implementación del programa federal, sin embargo debe actuarse de inmediato, debido a las últimas balaceras registradas en Cuernavaca.
“Es importante que se blinde Cuernavaca. Cuernavaca es en este momento el foco más violento del estado y deben enfocarse las fuerzas del programa a todo el estado, pero particularmente a Cuernavaca”, añadió.
El presidente de la Mesa Directiva dijo que a pesar de los pocos resultados en las últimas tres semanas, aún hay confianza de que el operativo “Morelos Seguro” resuelva la problemática de violencia que se vive actualmente, tal y como lo demandaron grupos sociales y empresarios.
“Tenemos que tener confianza. Nosotros esperamos que finalmente se le dé un combate frontal a la delincuencia”, finalizó el legislador local.
Aprueba Congreso Ley para dar mayor seguridad social a policías
En tanto, en sesión ordinaria del Congreso local, fue aprobada la Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de que tengan derecho a la salud, asistencia médica, servicios sociales, así como otras prestaciones.
Es que hasta el día de hoy los policías y trabajadores de la Procuraduría General de Justicia no cuentan con seguro social, derecho a la vivienda, a ser pensionados, ni otros apoyos que como trabajadores del gobierno estatal tendrían derecho a percibir.
Son sujetos beneficiarios de esta legislación los elementos de la Policía Preventiva Estatal con sus grupos de investigación, de la Policía Ministerial, elementos de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como encargados de seguridad durante procesos judiciales y de la vigilancia del cumplimiento de las medidas cautelares, así como los ministerios públicos y peritos.