En conferencia de prensa ofrecida en días pasados, integrantes de la agrupación informaron que ya fue entregada al Poder Legislativo una carta, en la que emplazan a la nueva legislatura y a la próxima administración estatal, a que de manera conjunta inicien los trabajos y procedimientos necesarios para que exista un marco legal que permita que “las cientos de víctimas que existen por esta violencia demencial, que desató el gobierno de Felipe Calderón, obtengan justicia integral, como debe ser en el contexto del respeto a los derechos humanos”.

La legislación que demandan garantizará la reparación del daño integral causado por delitos del crimen organizado o por autoridades municipales y estatales que incurran en violaciones a sus derechos humanos; así como la necesaria investigación que asegure el esclarecimiento de la verdad de los hechos. “La Ley Integral de Atención a Víctimas que proponemos debe ser integral y contemplar que aún cuando existen daños que no se reparan, como es la pérdida de la vida, sí es posible determinar la responsabilidad de los gobiernos municipales o el estatal para apoyar a las víctimas empezando por un apoyo psicoemocional puntual, gratuito, accesible y confiable, hasta llegar a la reparación del daño económico como consecuencia del delito para sus familiares dependientes, como pudieran ser hijas, hijos, hermanos, hermanas, madres, padres y personas cercanas afectadas como novios, novias, esposos, esposas”, expresó Suárez Huape .

Recordó que en ningún estado de la república existe un registro de víctimas del delito, y por tanto Morelos no es la excepción, pues no se tienen los datos exactos y certeros sobre el número de víctimas, pero aseveraron que “es una obligación de los gobiernos el instaurar un registro estatal de víctimas y de sus perpetradores, sean éstos autoridades o sicarios”.

Acusaron que en la mayoría de los casos de víctimas del delito, las autoridades les han prejuzgado asumiendo una relación de la víctima con los hechos y sus victimarios, determinando a priori que se trataba de un "ajuste de cuentas", de una ejecución o de una venganza, por lo que la opinión pública les trata como presuntos delincuentes. En este sentido, aseveraron que es necesario asegurar las medidas pertinentes para el restablecimiento de su dignidad como parte de los derechos humanos de la víctima.

Insistieron en que es fundamental comenzar con este proceso, especialmente luego de que en el ámbito federal dicha legislación fue vetada por el presidente, después de un gran esfuerzo realizado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, tanto en el Senado como en la Cámara Federal, que aprobó una Ley Integral de Víctimas, pero que en los hechos fue vetada por el Ejecutivo federal.

Mencionaron que en Morelos existe la posibilidad real de trabajar en favor de esta ley, por lo que dejaron en claro que estarán a la espera de la respuesta concreta de los grupos parlamentarios del Congreso de Morelos, en particular de quienes integren las Comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad Pública.

Nayelli Sánchez indicó que también han hecho el mismo emplazamiento al gobernador electo Graco Ramírez Garrido, para que se pronuncie en favor de esta ley.

De manera enfática, señalaron que la mesa de trabajo deberá ser intersectorial, y en la misma, deberá haber participación activa de familiares de las víctimas, sus representantes legales, expertos en derechos humanos de las víctimas y autoridades competentes.

De la misma manera, a través de la carta, la Red demandó a la legislatura y al gobernador electo que se concrete un cambio en la lucha contra el narcotráfico en la entidad, privilegiando el gasto en la reconstrucción del tejido social: empleo, salud, educación, deporte, cultura, apoyo a jóvenes, así como en la instauración de un vigoroso y amplio Programa para la Paz que se impulse desde las escuelas públicas del estado.

Insistieron en la necesaria revisión de los resultados del Plan Morelos Seguro, así como los cambios que deben hacerse, a fin de asegurar el funcionamiento adecuado del mismo. “De no verse, como hasta ahora, resultados concretos y reales en la disminución del delito, se deberá considerar el cancelar su funcionamiento y la sustitución por un plan efectivo que asegure, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos de los habitantes de este estado”.

“Una lucha integral contra la vinculación de la clase política en la protección a la delincuencia organizada, tema eludido por los políticos de todos los partidos, a pesar de que existe evidencia fehaciente de que éste es el núcleo del cáncer que hoy carcome al país y al estado. Una declaración abierta en pro de acciones y apoyos que resulten útiles para perseguir y castigar severamente la protección que funcionarios de todos los niveles proporcionan a los diversos grupos del crimen organizado y en favor de la eliminación de la impunidad que rodea estas acciones.

La creación de una Fiscalía Especial de Atención a Desaparecidos que cuente con la tecnología e infraestructura necesaria para dar una respuesta inmediata a estos casos tan lamentables. La aplicación de las medidas necesarias para la atención, en particular, de los casos de desapariciones de menores de edad, como lo es la alerta ambar que no se aplica en nuestro estado.

La atención inmediata a los casos de homicidios, aún no esclarecidos, de luchadores sociales como son los ecologistas Miguel Ángel Pérez Cázales y Rubén Flores Hernández, entre otros. La protección de los defensores de los Derechos Humanos y luchadores sociales, en particular de aquellos que sufren amenazas de muerte como consecuencia de la labor que realizan, como es el caso de Gabriel Rivas y su familia”, son algunas de las exigencias presentadas.

Añadieron la demanda de expropiación del predio donde fueron asesinadas las siete personas el 28 de marzo de 2011, entre ellas Juan Francisco Sicilia, para convertirla en una Casa de Atención Integral a Víctimas y la instauración de un Memorial de las Víctimas en Morelos, “como un reconocimiento público y del compromiso que asume el estado con sus ciudadanos a fin de evitar que este proceso infame y doloroso de victimización, desaparición e impunidad, vuelva a ocurrir.”.