“Ya he planteado que vamos a hacer una profunda reforma a la Ley del Servicio Civil del estado, lo cual ya es urgente porque ésta se diseñó a partir del año 2000. De hace 14 años para acá ya se transformó la realidad del estado, por lo que es necesario que este tipo de asuntos se normen y se regulen”, afirmó el funcionario estatal.
Manifestó que la promoverán ante el legislativo con quien ya están en pláticas para trabajarla de manera conjunta con la comisión del trabajo, para lo cual, dijo “se deberán realizar foros de consulta donde asistan especialistas para que se diseñe y elabore un buen instrumento jurídico que sea equitativo y de justicia para todos”.
Esta reforma a la Ley del Servicio Civil vendrá a reforzar lo que hace unos meses anunció el ayuntamiento de Tlaltizapán y ayer el de Jojutla, en relación a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo la resolución del Congreso local que aprobó las pensiones de ex trabajadores para ser pagadas con recursos del ayuntamiento, violentando con ello la autonomía municipal enmarcada en el 115 constitucional y poniendo en riesgos la sanidad del erario público; además de que algunos de estos trabajadores incurrieron en actos ilegales para obtenerlas.
Es por ello que los ayuntamientos interpusieron una controversia constitucional que les dio la razón, y ayer en Jojutla, anunciaron que la SCJN le notificó de un caso en especial (como también sucedió en Tlaltizapán el año pasado) del ex secretario del ayuntamiento de Jojutla, César Bahena Valle, quien manipuló y falseó documentación -según lo dicho por las autoridades- para recibir una jugosa pensión con un salario desproporcionado al que había tenido meses atrás.
Es decir, que las autoridades municipales promoventes ganaron dicha controversia y hasta en tanto no se reforme la Ley del Servicio Civil para regular este tipo de situaciones y que sea más específico, que el municipio sea quien las autorice, “ningún trabajador municipal podrá solicitar su jubilación”, y las autorizadas por la actual legislatura, no se aplicarán, así lo mencionó la presidenta municipal, Hortencia Figueroa Peralta.
Pérez Moreno dijo que esta situación forma parte de “una serie de abusos de unos y de otros; tanto de trabajadores como de abogados y autoridades municipales”, por lo que “este año deberá estar votada (dicha reforma), al igual que como ya lo anunciamos, la posible creación de un instituto o fideicomiso para contemplar el tema de jubilaciones y pensiones, ya que los que se han autorizado (ilegalmente) en el Congreso, cargan sobre el gasto corriente del municipio y eso resta operatividad al ayuntamiento”.
