La audiencia de formulación de imputaciones y vinculación a proceso inició a las 11:00 horas del viernes y terminó pasadas las 03:00 horas del sábado.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos presentó 198 pruebas y le dio lectura a cada una de ellas, con las que pretende demostrar que, con su actuar, los ex funcionarios contrataron una empresa para crear un software especial, pero que éste no funcionó, provocando con ello un daño por varios millones de pesos al erario público.
Alejandro Villarreal Gasca; Juan García Avilés, ex subsecretario de Programación y Presupuesto; Rey David Olguín Rosas, quien fungió como secretario de Gestión e Innovación Gubernamental; Óscar Herrasti Real, Álvaro Conca Zea y José Jesús Ulises López González, quedaron vinculados a proceso, pero por el momento estarán libres mientras se define el amparo que interpusieron.
Durante las más de 16 horas que duró la audiencia, la Fiscalía expresó que los imputados se confabularon para la contratación de las empresas Quinto Esquema y Monedero Universal, bajo el argumento de poner en marcha el Sistema Estatal de Armonización Contable. La acusación afirma que a pesar de las fallas de los respectivos equipos y de que no se desarrolló el sistema, se realizaron los pagos correspondientes, que generaron una afectación para el Poder Ejecutivo de cerca de 110 millones de pesos.
En el debate que se desarrolló alrededor de las 23:00 horas, la defensa expresó que no se reunían los requisitos para acreditar el hecho delictivo y que tampoco existió un dolo. Afirmó que incluso no se puede hablar de un daño patrimonial, toda vez que al emitir los pagos se exigió a los proveedores entregar pólizas, que se hicieron efectivas.
“En este caso no hay delito, porque para el delito del peculado se tiene que hablar de dolo, es uno de los elementos y no los hay, es decir, es un delito a todas luces fabricado, que no puede comprobarse”, dijo el defensor.
El abogado Cipriano Sotelo Salgado, defensor de los vinculados, dijo que la vía para reclamar la reparación del daño (si es que lo hubo) era la vía Ejecutivo-Mercantil y no la penal, ya que sus clientes no contrataron de manera directa a la empresa, sino lo hicieron a través de un procedimiento que en su momento fue revisado.
Al terminar el debate, las partes pidieron a la juez Elvia Terán Peña citar a las partes para el sábado por la mañana, pero la juzgadora se negó y dijo que daría su resolutivo a las 02:00 horas. La juzgadora otorgó un plazo de tres meses para el cierre de las indagatorias y recabar más elementos, y así poder continuar con el proceso.
Al respecto, Cipriano Sotelo Salgado, abogado de Alejandro, Óscar, Rey David, Álvaro y Juan, los imputados, apuntó que están tranquilos y una vez que analicen la resolución de la juez, determinarán las acciones legales que seguirán.
“Poder hacer el análisis correspondiente y evidentemente tomar la mejor decisión que pudiera ser un amparo, una apelación tal vez, voy a valorarlo y platicarlo con mis defendidos”, comentó.
“Sabemos que no es sencillo, que era mucha información, que ya eran muy altas horas de la noche, entonces lo tomamos con suma tranquilidad y evidentemente haremos lo propio”.
