Este informe, que fue realizado durante 20 días por académicos, representantes de diversas instituciones federales y estatales, puso en evidencia una serie de deficiencias no sólo en la procuración y administración de justicia a mujeres víctimas de violencia, sino en la constante omisión y negligencia de las instituciones para atenderlas y protegerlas.
Por ejemplo, a pesar de que en 13 años la Comisión de Derechos Humanos documentó 530 feminicidios, la Fiscalía General del Estado únicamente reconoció, bajo esta tipificación, 280 casos y las otras 250 muertes de mujeres fueron clasificadas como homicidios.
Sin embargo, de los casos reconocidos y tipificados como feminicidios por la fiscalía, sólo en 47 (17% del total) los responsables fueron detenidos, enjuiciados y sentenciados a purgar una condena.
Además, el grupo de trabajo observó con preocupación que de las 280 víctimas de feminicidio reportadas por el gobierno del estado, el 10.35% no fueron identificadas y en el 63.75% de los casos el agresor no ha sido identificado.
“Esta cifra constituye un indicador importante de la impunidad en la que se encuentran un número significativo de estos feminicidios”, dice el informe. Además, un total de 106 casos se encuentran en reserva/archivo temporal.
Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, afirmó que el documento, de 76 páginas, enlista una serie de deficiencias en las políticas públicas del gobierno de Morelos, a partir de los informes oficiales emitidos por las propias dependencias estatales, y que colocan a la entidad en una situación de emergencia por la violencia feminicida que prevalece, el alto índice de impunidad y la ineficacia institucional para prevenir, sancionar y erradicar esta violencia.
Sin embargo, lamentó que las mismas autoridades pretendan tergiversar el contenido del informe y minimizar los resultados que alertan sobre la gravedad de la violencia de género en Morelos.
“Ahorita lo que el gobierno está haciendo es tergiversar el contenido de este informe. Por eso nuestra labor, desde que iniciamos todo este trabajo de investigación, es informar a la sociedad en un contexto de verdad. Porque reclamamos justicia y no queremos que la gente se quede con una información a medias o tergiversada, como lo plantea el gobierno. El gobierno tiene que ser responsable, porque si no le van a llamar otra vez la atención y le van decir que está cometiendo violencia institucional. Porque minimizar, tergiversar o invisibilisar los casos como lo está haciendo la fiscalía se tiene que sancionar”, dijo.
Otras de las deficiencias enlistadas en el informe realizado por el grupo de trabajo (cuyo contenido y conclusiones fueron notificadas por el Instituto Nacional de las Mujeres hace unos días al Poder Ejecutivo de Morelos) se refieren a la falta de criterios sobre perspectiva de género en la resoluciones emitidas por los jueces del Tribunal Superior de Justicia; la carencia de protocolos fundamentales del sector salud estatal para la atención médica y psicológica de las víctimas; la falta de documentación, atención, investigación y sanción no sólo a la agresión física, sino a la violencia psicológica, sexual o económica. También el informe establece la falta de capacitación y sensibilización de los servidores públicos en el tema, lo que recurrentemente provoca violencia institucional y la revictimización de las mujeres, además de la falta de sanciones a los funcionarios que incurren en este tipo de agresión a las víctimas.
García Quintanilla manifestó que el Poder Ejecutivo está obligado a responder sobre la aceptación y, a partir de la notificación, el gobierno de Morelos está obligado a subsanar las deficiencias en sus políticas públicas; de lo contrario, será inminente la aplicación de la Alerta de Violencia de Género en la entidad.
“Al Ejecutivo es al que le están entregando el informe y al Ejecutivo es al que están emplazando por un periodo de seis meses para que corrija todas las deficiencias que tiene en materia feminicida en el estado de Morelos; si en estos seis meses el Ejecutivo no corrige cada una de las áreas de su administración estatal, entonces Gobernación, de manera automática, da el siguiente paso; y el siguiente paso es la Alerta de Violencia de Género”, afirmó.

Violencia mediática auspiciada por gobierno

Uno de los apartados importantes que se destacan en el informe es la violencia auspiciada por el mismo gobierno de Morelos, con el fomento de estereotipos en las campañas oficiales y a través del periódico de nota roja “EXTRA”, que recibe financiamiento gubernamental y desde la fiscalía estatal recibe fotografías de las víctimas agredidas o asesinadas.
El grupo de trabajo hizo una crítica a las campañas elaboradas y difundidas por el gobierno de Morelos, cuyos contenidos tienen la buena intención de promover los derechos de las mujeres y prevenir la violencia, pero fomentan estereotipos y carecen de información que ayude a las víctimas.
“El grupo de trabajo notó que algunos de los materiales utilizados con el fin de promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia contienen frases que, vistas de manera aislada, podrían llegar a perpetuar estereotipos de género. De manera particular, llama la atención del grupo de trabajo el separador diseñado para niñas y niños que contiene un ‘violentómetro’ que incluye las frases ‘no permitas que la violencia sea parte de tu vida’ y ‘si lo permites, la violencia puede seguir’, así como ‘nadie, nadie me toca’, ‘nadie me insulta’ y ‘nadie me pega’.
“Al parecer del grupo de trabajo, aunque la intención de estas frases sea contribuir al empoderamiento de las víctimas de violencia, si éstas no se acompañan de la información necesaria que permita a las víctimas saber qué hacer en casos de violencia, es difícil que los mensajes difundidos logren el impacto deseado, pues vistos de manera aislada podrían reproducir la idea de que las personas sufren violencia porque lo permiten”, dice el informe, cuya copia tiene La Unión de Morelos.
Y se recomienda: “En este sentido, el grupo de trabajo considera que, a fin de cumplir adecuadamente con la obligación de promoción, es necesario que el estado de Morelos verifique que todas las campañas dirigidas a la prevención de la violencia se acompañen de mensajes que tomen en cuenta los diferentes factores que producen y reproducen la violencia; provean información sobre las instancias a las que pueden acudir las mujeres para la protección de sus derechos y se dirijan no sólo a las mujeres víctimas de violencia, sino también a las personas agresoras y a las que atestigüen violencia”.
Asimismo, de acuerdo con el informe, medios de comunicación como el periódico “Extra” violenta los derechos de las mujeres que son privadas de la vida o víctimas de violencia.
“Igualmente, se encontró que los medios de comunicación, tales como el periódico “Extra de Morelos”, alimentan prejuicios en contra de las mujeres y en contra de las víctimas de la violencia feminicida, pues ha habido casos en los que los medios indican sin ningún fundamento que la mujer fallecida era “prostituta” o “era infiel”, o estaba vinculada al “crimen organizado”, por mencionar unos ejemplos.
“El grupo de trabajo advierte, con preocupación, que esta manera de clasificar a las víctimas y de atribuirles características estigmatizantes es un factor fundamental en la reproducción de la cultura patriarcal que naturaliza y minimiza la violencia contra las mujeres”, recalca.
Asimismo, el grupo de trabajo recomienda que si bien, el estado no puede establecer controles oficiales para regular el contenido difundido por los medios de comunicación, salvo cuando se trate de excepciones permitidas como la pornografía infantil, es necesario realizar acciones que promuevan e incentiven la inclusión de una perspectiva de género en la labor de los medios de comunicación.