Se trata, según explicó el iniciador de la propuesta de reforma al artículo tercero de la ley en mención, Juan Ángel Flores Bustamante, de evitar que el marco normativo vigente en Morelos favorezca a quienes desde su puesto de poder público, cometan o se vean involucrados en delitos graves tipificados como el secuestro, extorsión, asalto, robo, abigeato, fraude, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sustracciones de menores, enriquecimiento ilícito, entre otros.

El diputado perredista explicó que actualmente las penas por dichos ilícitos son menores para quienes actualmente se encuentran en la función pública.

De esta forma, propuso ante el pleno, establecer en la fracción III del artículo 3 de la Ley Estatal Contra la Delincuencia Organizada, sanciones al doble para quienes estén relacionados con la delincuencia organizada siendo funcionarios públicos.

De esta forma, se establecería el doble de la pena propuesta que sería de 10 a 12 años de prisión y una multa de dos mil a 25 mil días de salario mínimo vigente. Además, de una sanción administrativa que sería la inhabilitación para ocupar un cargo público.

Cabe señalar que actualmente la pena para quien esté vinculado con la delincuencia organizada, sin ser funcionario público es de ocho a 10 años de prisión y de mil a 25 mil días de salario mínimo vigente. Y la sanción para un funcionario público es hasta en una mitad de las penas anteriores.

"También se estaría reteniendo (al funcionario) capital económico que haya generado a partir de la delincuencia o de la coalición que se hizo con la delincuencia", declaró.

Insisten perredistas en devolver fuero

A pesar que ayer no se presentó una vez más la propuesta de reforma constitucional para devolver el fuero a diputados, gobernador, magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Flores Solorio, afirmó que el próximo martes someterá a discusión de la Junta Política y de Gobierno dicha propuesta para su aprobación en la sesión de la siguiente semana.

El líder parlamentario dijo que se trata de facilitar, de manera legal, que los diputados que hoy son señalados por la comisión de delitos, Alfonso Miranda Gallegos y Manuel Martínez Garrigós, sean enjuiciados.

Aseguró que se trata de un compromiso como Congreso del estado, a fin de no proteger a ningún funcionario, incluso legisladores locales.

También, dijo, de no avanzar esta propuesta, los diputados señalados deberían presentar licencia al cargo para ser juzgados para garantizar a la ciudadanía que no tienen nada que ocultar.