El abogado de la propietaria de la casa, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Jiquilpan, al  norte de Cuernavaca, Armando Mejía Carvajal, se quejó de la resistencia por parte de la titular de la Unidad Especializada Contra el Secuestro, Pineda Hernández, de entregar el inmueble bajo el pretexto de que todavía hace falta ejecutar dos órdenes de aprehensión y por tal motivo no puede devolverla a su propietaria.

Entrevistado afuera de los juzgados penales del centro de Cuernavaca, el litigante mostró al reportero un oficio firmado por el agente del Ministerio Público Coordinador de los Procedimientos de Extinción de Dominio de la FGE, Jairo Díaz López Cruz, el pasado 16 de noviembre, remite a su homóloga, y en él le pide se entregue la casa, después de que se demostró que la dueña de la misma no sabía de las actividades ilícitas que se cometieron en el lugar.

La casa en mención fue confiscada temporalmente por la dependencia, porque en dicho lugar se efectuó un operativo por parte de elementos de la Policía de Investigación Criminal el pasado 26 de mayo que culminó con la liberación de Alfredo “N” y su hija Mariana.

En el operativo uno de los tres presuntos plagiarios perdió la vida al enfrentarse a balazos con los agentes de la Unidad Especializada Contra el Secuestro, que lograron dar con el lugar, porque siguieron a los hombres que acudieron a cobrar el rescate.

El litigante refirió que comprobó que su clienta, Claudia Marlén de León Salgado,  rentó la casa y exhibió un recibo, razón por la cual tras previo análisis el Ministerio Público determinó que el “inmueble ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas número 460 de la colonia Jiquilpan, se encuentra fuera de la hipótesis normativa de procedencia de la acción de extinción de dominio”.

“Sin embargo, pese a que se ordenó la devolución del mismo, se niegan a entregar la casa, pasando por encima de los derecho reales de mi clienta, que al acreditar que nada tuvo que ver con el hecho delictivo le privan de sus derechos de hacer uso, goce y disfrute del bien”, indicó el litigante.

Lamentó la situación, ya que con su negativa la fiscal especializada está obligando a la propietaria del inmueble a iniciar otros procedimientos legales, como el amparo, lo que implica tiempo, gastos y dejar de percibir los ingresos que percibía por la renta del inmueble.