La audiencia de vinculación a proceso se celebró el pasado lunes en la única Sala de Juicios Orales del penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec y tuvo una duración de 17 horas.
A través del peritaje de un criminalista, la defensa particular de los implicados intentó echar abajo las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE). También aportó la declaración de cuatro vecinos del lugar, quienes sostuvieron ante la juez de control del Primer Distrito Judicial que el secretario de Gobierno en ningún momento fue privado de su libertad.
Padre e hijo rindieron su declaración preparatoria en la que señalaron que el pasado 14 de noviembre por la tarde iban al Distrito Federal, cuando se percataron de que la carretera estaba cerrada, así que permanecieron en la manifestación de vecinos por espacio de dos horas, y negaron haber participado en los hechos.
El cuerpo de abogados defensores insistió que sí hay un delito, el de lesiones leves, pero no secuestro, porque el propio funcionario, al ser entrevistado por reporteros, reconoció que estaba en el lugar por su propia voluntad. Por ello se presentó como prueba un video que fue analizado por un perito en criminalística.
La Fiscalía General del Estado presentó como pruebas fotografías con el propósito de demostrar que el funcionario no podía salir del poblado, pues estaba rodeado por los habitantes del lugar, además de que uno de sus guardaespaldas fue golpeado.
Los testigos narraron que la mañana del viernes 14 de noviembre se convocó a la población en la iglesia de Huitzilac, pues un joven taxista de 25 años fue secuestrado, razón por la cual se determinó tomar las carreteras para obligar a las autoridades a dar con el paradero de la víctima.
Quiroz Medina llegó al lugar alrededor de las 11 de la mañana y ordenó un operativo especial para localizar al secuestrado, pero minutos después de las cinco de la tarde fue golpeado, junto con su guardaespaldas, y obligado a ir a las oficinas de la Ayudantía Municipal.
La FGE explicó que fue necesario que la Policía instrumentara un operativo para rescatar al secretario de Gobierno y que entre los responsables de la privación ilegal de la libertad estaban las cuatro personas detenidas.
Por la tarde, la fiscal asignada al caso leyó 78 cuartillas para explicar a la juez Elvia Terán Peña, la hora y cómo se privó de la libertad al funcionario, además de que señaló que su libertad fue condicionada a que la Policía localizara al joven plagiado horas antes.
En tres ocasiones se decretaron recesos, pues eran muchas las pruebas que desahogó la defensa de los cuatro detenidos y por ello ésta terminó a la una de la mañana del martes.
La juez consideró que los argumentos presentados por la fiscal del caso, eran suficientes para presumir que los detenidos sí participaron en el delito de secuestro, aunque los abogados insistieron en que no había elementos para ello.
La juez otorgó a la FGE y a los abogados un periodo de tres meses para concluir la etapa de investigación e iniciar el juicio penal.
Sin embargo, los abogados de Rafael Vargas Zavala y los otros tres detenidos anunciaron, antes de que concluyera la audiencia, que si sus clientes no obtenían en ese momento su libertad, interpondrían un amparo para anular el auto dictado por la juez la madrugada del martes.
