Ayer, a las dos de la tarde, en la Sala Dos de Juicios Orales, ubicada en la calle Morrow del Centro de Cuernavaca, se desarrolló el último interrogatorio con el que la defensa de Casamata Gómez intenta convencer a los jueces que fueron alterados documentos de entrega-recepción para culpar del extravío de un expediente, en el que están documentadas irregularidades cometidas en la administración de Julio Espín Navarrete en el trienio 2000-2003, por cerca de diez millones de pesos.

Por segunda ocasión, Espín Navarrete ocupa el mismo cargo, pero el extravío de dicho documento dio pauta para que promoviera un amparo, pues por el simple paso del tiempo quedó libre de cualquier acción penal.

Los ex funcionarios de la auditoría que han acudido a declarar sobre el caso son Orlando González, Josefina Espinosa, Karina Arteaga González, Mirna Zavala Zúñiga, Elizabeth Carrizosa, el actual auditor Luis Manuel González Velázquez, así como el propio Julio Espín Navarrete.

Ayer la defensa se centró en interrogar a los testigos sobre la manera en la que se llevó cabo el proceso de entrega-recepción, pues según Casamata Gómez, a él no se le dio la oportunidad de entregar a su sucesor los documentos que avalaban las auditorías realizadas a los municipios.

Entrevistado al término de la audiencia, Casamata Gómez señaló que como parte de las pruebas, entregó recortes de una nota periodística de La Unión de Morelos con la que pretende demostrar que tras ser destituido del cargo –en diciembre del 2010– las entonces autoridades del Congreso local, al que pertenece la ASF, solicitaron el uso de la fuerza pública para no permitirle ingresar a sus oficinas.

“No me permitieron hacer lo correcto, que era el proceso de entrega-recepción, y entonces ¿cómo pueden asegurar que yo fui el responsable del extravío de dicho expediente? Vamos a demostrar, sin lugar a ninguna duda, que se me intenta implicar en algo de lo que yo no soy responsable”, agregó.

El Tribunal de Juicios Orales ayer anunció la conclusión de la presentación de las pruebas testimoniales por parte de la Fiscalía General del Estado y afirmó que será este viernes cuando Gerardo Casamata tendrá que presentar sus testigos para que se pueda dar por concluido el juicio.

El ex auditor fue vinculado a proceso el 24 de diciembre de 2013, es decir, el juicio presenta un atraso, pues la ley marca como plazo máximo un año para que se dicte sentencia. Sin embargo, será a más tardar en febrero cuando el Tribunal de Juicios Orales determine si tiene o no responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público.