Lo anterior se determinó ayer, en reunión de la Junta Política y de Gobierno, en la que coordinadores parlamentarios acordaron darle la oportunidad al mandatario de informar a la sociedad de sus acciones en el segundo año de gestión.

La participación del mandatario en la ceremonia legislativa –ya que se trata de una sesión solamente de apertura de los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la LII Legislatura– será después de la postura que fijen los representantes de los ocho grupos parlamentarios, y será abierta, pues no se especificó un tiempo determinado para que haga uso de la tribuna.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Lucía Meza Guzmán, durante la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente, explicó que fueron parte de los acuerdos en la Junta Política y de Gobierno en los que también se garantizaron, por parte de la oposición, condiciones para que avance en tranquilidad la sesión solemne de apertura.

No obstante que ayer el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Javier Bolaños Aguilar, adelantó que una vez que conozcan el segundo informe de gobierno, lo analizarán a fin de considerar citar a secretarios de despacho para que expliquen cuestiones específicas del mismo.

Acuerdan diputados no politizar temas legislativos en último periodo

Otro de los acuerdos tomados en la reunión de la Junta Política y de Gobierno, previa al arranque del periodo ordinario, fue no "empañar" el trabajo legislativo con asuntos político-partidistas, en el marco del proceso electoral que se desarrolla.

La presidenta de la Mesa Directiva, Lucía Meza Guzmán, dijo que la intención es garantizar condiciones para avanzar en la agenda que resta por desahogar en este último periodo y no se preste a cuestiones políticas.

En este sentido, también llamó a los representantes de los partidos políticos a establecer condiciones para que se firme el convenio con el Poder Ejecutivo y "blindar" el proceso electoral, ante la amenaza de la delincuencia organizada.

Es que dijo que los partidos políticos no pueden denunciar que sus precandidatos reciben amenazas de la delincuencia, si por otro lado no hay disposición para trabajar con el gobierno del estado.