Gracias a una copia fotostática del auto de formal prisión que dictó el juez primero de Distrito, se puede documentar que el hombre encargado de fiscalizar el gasto de los tres Poderes y Ayuntamientos enfrenta un serio problema legal por insistir ante la autoridad que despidió en el 2006 a Eduardo Bonilla Álvarez por instrucciones de los líderes parlamentarios en la pasada Legislatura.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Auditoría Superior de Fiscalización, Bonilla Álvarez no puede ser removido del cargo durante los tres años para los cuales fue asignado, si no es por una causa grave.

Aún así, Casamata Gómez lo despidió bajo el argumento que así se lo solicitaron los coordinadores parlamentarios, cosa que no pudo comprobar ante la autoridad porque no hay un oficio de por medio.

Tras ganar un amparo, Bonilla Álvarez por órdenes del Juzgado Cuarto de Distrito fue reinstalado en el cargo, pero éste no aceptó las condiciones de Casamata Gómez, que pretendía obligarlo a firmar un documento.

La defensa legal del auditor de Organismos Públicos promovió ante la Procuraduría General de la República, delegación Morelos, una denuncia penal en contra de Casamata Gómez, bajo la averiguación previa MPF/0293/2010 por el delito de rendir declaraciones falsas ante la autoridad.

Estos documentos fueron enviados desde la semana pasada por el Juzgado Primero a los diputados para que sean analizados por el Área Jurídica del Congreso local, que en los próximos días tendrá que determinar si Casamata Gómez tiene que ser removido del cargo.

Por lo pronto, el Juzgado Primero de Distrito consideró que la PGR-Morelos entregó los suficientes elementos para considerar que el auditor superior mintió ante las autoridades al rendir un informe justificado que le fue solicitado en el juicio laboral que inició Bonilla Álvarez hace cuatro años.