La semana pasada, el defensor del profesionista, Said Basabe Gómez, solicitó un juicio abreviado para su cliente, pero la víctima se negó a otorgar su aval, así que en la audiencia celebrada este martes 21 de julio, el abogado pidió para su cliente una suspensión provisional del proceso.
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al juez Ramón Villanueva Castro una reparación del daño de 193 mil pesos, argumentando el daño moral que sufrió la víctima, María Luisa, pero en el expediente sólo está acreditado el gasto de 49 mil pesos.
“Señoría: se trata de una reparación del daño simbólica porque la mujer sufrió por el mal diagnóstico del médico e incluso tuvo que ser atendida en otro nosocomio de la Ciudad de México”, agregó el Ministerio Público asignado al caso.
Y es que tras solicitar los 193 mil pesos para reparar el daño, la asesora legal de la víctima pidió 100 mil pesos, pero lo anterior tampoco fue aceptado por el médico.
La defensa del especialista argumentó que en el expediente penal SO/128/2014 no se acreditan lesiones graves, sino culposas, que tardan en sanar menos de 15 días, pues el doctor no hizo un diagnóstico correcto después de que la mujer fue operada en una clínica particular, en mayo de 2010.
La FGE solicitó al juez no otorgar la suspensión condicional al médico, argumentando que está involucrado en otras carpetas de investigación también por los delitos de lesiones y ejercicio indebido de la actividad profesional; sin embargo, el juez consideró que se tiene que ponderar la presunción de inocencia y que no podría tomar tal decisión con base en investigaciones, no obstante que el fiscal del caso insistió que el doctor “representa un riesgo para la sociedad”.
Al no haber un acuerdo entre las partes sobre la reparación del daño, el juez otorgó la razón al defensor particular, quien propuso reparar el daño con una fianza de 50 mil pesos que su cliente depositó desde el año pasado en el Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.
A cambio de otorgarle la suspensión provisional, el juez condicionó al imputado a no acercarse a la casa de la víctima, asistir cada mes a firmar el libro de registros de la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), pagar la reparación del daño, no salir al extranjero y otorgar una disculpa a la víctima, la que deberá ofrecer en una audiencia privada a celebrarse el viernes 24 de julio.