La Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos que ya se impulsa en Morelos “debe surgir de la revisión y consenso del mayor número de periodistas y defensores para que, desde la visión de los de a pie, se hagan las observaciones  y que esa iniciativa no pase porque tenga que pasar”, consideró Jade Ramírez Cuevas, ex consejera del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Defensores y Periodistas, en su calidad de periodista,  tras hacer un exhorto al gremio periodístico en Morelos a que se involucre  en el tema y pedir que se socialice el proyecto de ley para que la mayoría lo conozca.

En el marco de una conferencia de prensa que realizaron periodistas reconocidos en el Distrito Federal para hacer un llamado al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, sobre la urgencia de que haya justicia y se deje de asesinar a periodistas, Jade Ramírez dijo –en entrevista– que es inviable impulsar una Ley de Protección para Periodistas y Activistas en Morelos, “sin socialización y sin una revisión adecuada y fundamentada”.

Además de resaltar que en diversos estados del país, el tema de protección para  periodistas y defensores “no puede tomarse a la ligera” y consideró que en Morelos “las cosas se han hecho al revés. Existe un mecanismo de respuesta que se activa, pero no hay una reglamentación, no hay un ABC de cómo tiene que operar, ni cómo garantizar que las medidas que se toman causen buen efecto”.

A unas  semanas de haber renunciado  al  Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Defensores y Periodistas, opinó que la ley “debe surgir de la revisión y consenso del mayor número de periodistas y defensores para que, desde la visión de los de a pie, se hagan las observaciones y que esa iniciativa  no pase porque tenga que pasar… Que pase porque es la adecuada y les va a funcionar a los periodistas y a los defensores, sin dejar vacíos”.

Jade Ramírez hizo un llamado “a los colegas de Morelos para que se involucren en el tema de la ley, aunque no tengan ningún ataque en su haber; que sean críticos y que exijan a las autoridades que se responsabilicen de políticas de prevención del ataque”.

También recomendó que se vigile “que la ley esté redactada en términos de estándares internacionales y no violatorios de derechos humanos”.