El Congreso del estado investigará a los tres abogados que propuso el titular del Ejecutivo para la designación del fiscal general del estado.

El pasado 4 de septiembre, el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu envió la terna para nombrar a un fiscal general, integrada por Adriana Pineda Fernández, actual fiscal en secuestro y extorsión; Javier Pérez Durón, encargado de despacho de la fiscalía, y Norma Angélica Toledo Camacho, directora de derechos humanos de la misma dependencia.

Ayer, durante la reunión de la Junta Política y de Gobierno, integrada por coordinadores parlamentarios, inició el análisis de dicha terna, para lo cual se emitió un acuerdo por el que se determinó requerir información a distintas instancias, como la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, respecto a los antecedentes de estos abogados.

Dentro de la información que solicitaron los diputados está el conocer si los tres actuales funcionarios de la Fiscalía General del Estado pasaron los exámenes de control de confianza; asimismo, a la Visitaduría si durante su gestión se han recibido quejas y su desempeño en la función pública.

"Hoy se ha tomado el acuerdo de requerir tanto las evaluaciones, si están aprobados en sus exámenes de control, requerir cuál ha sido el comportamiento, si existen procedimientos ante Visitaduría, dado que los tres son servidores públicos. Y también información adicional que nos darán elementos para poder decidir", explicó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortencia Figueroa Peralta.

Explicó que este método para elegir entre las tres propuestas también incluirá la comparecencia de los funcionarios ante la Junta Política y de Gobierno, y así conocer sus propuestas y proyectos. Sin embargo, esto sucederá una vez que se tenga toda la información requerida.

Aseguró que hasta el momento ningún coordinador parlamentario ha fijado una postura en contra de la terna, sino de conocer el perfil de las propuestas, aunque aseveró que se busca tomar una decisión lo antes posible para designar al fiscal general del estado.