En el marco de la segunda reunión de trabajo con sindicalizados y los integrantes de la comisión legislativa antes mencionada, ayer se acordó que la propuesta será dictaminada en sentido negativo, pues se consideró que la misma violenta los derechos laborales de los trabajadores en activo de los tres poderes del Estado y de los organismos descentralizados. Más aún cuando ésta determina que las autoridades con carácter de patrón están obligadas a afiliar a los trabajadores ante las instituciones de seguridad social, y actualmente sólo tres ayuntamientos lo hacen.

Sin embargo, el acuerdo firmado en una minuta de trabajo señala que los legisladores y las organizaciones sindicales deberán trabajar en una nueva propuesta, a fin de buscar una solución al problema de las jubilaciones y pensiones, que podría colapsar las finanzas del gobierno del estado, los ayuntamientos y de organismos descentralizados que hoy destinan gran parte de su presupuesto en el pago de retiros.

En tanto, líderes de agrupaciones sindicales acordaron mantenerse en pie de lucha para evitar ser engañados por los diputados locales, más aún cuando muchos de ellos manifestaron su acuerdo con la propuesta del Ejecutivo.

"Mantenemos la guardia; tenemos ya un dictamen de manera negativa, pero lo queremos por escrito… Ahora estamos dispuestos a una nueva propuesta, eso fue nuestra primera propuesta que le hicimos al Ejecutivo, que se lleven a cabo mesas de trabajo para buscar una solución", dijo Daniel López, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo.

La determinación de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social será notificada a la Mesa Directiva para que, a su vez, haga del conocimiento al Pleno del Congreso del estado, por su determinación al considerar improcedente la iniciativa del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Según adelantaron trabajadores, la propuesta que podría avanzar en consenso con diputados y autoridades de los tres poderes de la entidad es la creación de un Instituto de Jubilaciones y Pensiones, para lo cual explorarán las posibilidades para lograr un "capital semilla" (una aportación inicial) que impulse este órgano, sin tocar las aportaciones que los burócratas ya hacen ante el Instituto de Crédito.