Diputados locales sesionarán de manera extraordinaria en enero para llevar a cabo reformas a la legislación local en materias penal, a fin de armonizarla con las leyes de los estados vecinos de Puebla, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México (Distrito Federal).
En sesión de la Diputación Permanente, convocada ayer, de última hora, por Francisco Moreno Merino, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, se conoció la propuesta para armonizar el Código Penal y el de Procedimientos Penales de Morelos con los de las entidades vecinas para que se pueda contar con una norma general que permita combatir a la delincuencia organizada, como territorio colindante.
Moreno Merino explicó que tambipen se buscará reformar 14 de 16 reglamentos en materia de movilidad, a fin de que también se combatan posibles faltas administrativas mediante la aplicación de la norma. De la misma forma, se buscará homologar la legislación en materia de medio ambiente.
Según refirió el presidente de la Mesa Directiva, para lograr lo anterior, se convocará a los gobernadores de los estados vecinos a llevar a cabo la armonización referida.
"Lo que deseo es que entremos en conciencia de lo que está sucediendo en Guerrero, el que nosotros podamos blindar el territorio de Morelos", agregó.
El legislador local pidió también a la Secretaría de Servicios Legislativos que se pueda preparar la minuta de reforma constitucional, por medio de la cual se creó la entidad llamada ahora Ciudad de México.
Todo lo anterior, dijo el presidente de la Mesa Directiva, se puede atender en un periodo extraordinario de sesiones, al que se convocaría durante la segunda semana de enero.
Además de los asuntos antes mencionados, según el diputado priista, también se atenderá en este periodo extraordinario reformas pendientes a leyes y reglamentos.
En la sesión de la Diputación Permanente, el presidente de la Mesa Directiva dijo que el Congreso estará al pendiente del estado en el que se dejarán los gobiernos municipales a las autoridades electas, que tomarán protesta el 30 de diciembre, tanto en la cuestión financiera como administrativa, a fin de que pueda intervenir a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.