Integrantes de la Coordinadora Morelense Movimientos Ciudadanos (CMMC) acudieron ayer al Congreso del estado para pedir información respecto al análisis hecho a la solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, por presunto mal uso del crédito de dos mil 806 millones de pesos que fue contratado en el año 2013.

Según los ciudadanos, ayer se venció el término para que la Junta Política y de Gobierno —encargada de revisar la solicitud— declarara procedente o improcedente el juicio político.

Fue el pasado 19 de noviembre cuando los integrantes de esta agrupación presentaron argumentos que, a decir suyo, comprueban que se ejerció de manera irregular dicho crédito. Ante ello, ciudadanos encabezados por Gerardo Becerra Chávez de Hita afirmaron que el Congreso del estado debe dar una respuesta a este proceso jurídico. De no ser así, adelantaron que promoverán un amparo en contra de la determinación de los diputados.

"Ya tenemos todo preparado para iniciar otro proceso, porque creemos que existen todos los elementos para que Graco sea enjuiciado", declaró Dagoberto Rivera Jaimes, integrante de la agrupación.

Sin embargo, según información de la Junta Política y de Gobierno, este órgano fue notificado el pasado 26 de noviembre y, de acuerdo con el marco normativo, los coordinadores parlamentarios tienen tres meses naturales para resolver la solicitud.

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza (Panal), Francisco Santillán Arredondo, aseguró que la revisión que la Junta Política y de Gobierno hará a la solicitud de juicio político en contra de Graco Ramírez Garrido Abreu se efectuará apegada a derecho, y no con base en intereses políticos o incluso, dijo, sociales.

"Es un tema netamente jurídico, nosotros tenemos que conducirnos bajo la legalidad… esto es netamente jurídico. Entendemos que haya manifestaciones, marchas, movilización social pidiéndonos que haya juicio político, pero sería muy irresponsable tomar elementos políticos", refirió.

Sin embargo, el legislador local aseveró que la solicitud presentada por la Coordinadora está bien sustentada y no descartó que existan elementos suficientes para turnarla a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

En la misma postura, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Martínez González, afirmó que el análisis del caso se hará basado en los hechos jurídicos y no políticos. Sin embargo, aseguró que si existen elementos para enjuiciar al mandatario estatal, su partido no será un impedimento para ello.

"Yo creo que tiene que transparentarse totalmente (el uso del crédito) y si hay situaciones anómalas, pues también comentarlas y puntualizarlas. En ese tenor está el grupo parlamentario", declaró el diputado priista.