En Morelos cerca de 22 depósitos de vehículos, conocidos como corralones, operan de manera irregular, es decir, sin un permiso estatal o federal y sólo en algunos casos prestan un servicio público con base en una concesión otorgada por los ayuntamientos. Son espacios en donde se ha confirmado la comisión de delitos como el robo de autopartes.

Durante la sesión ordinaria del pasado miércoles en el Congreso local, el diputado perredista Éder Rodríguez Casillas exhibió lo que, dijo, es un secreto a voces y que ninguna autoridad ha querido regular.

Al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte en el estado de Morelos, el legislador local confirmó que durante su periodo como diputado ha recibido quejas por el robo de autopartes en los corralones, que se suma a la serie de irregularidades y delitos que cometen quienes son propietarios de estos lugares, en contra de los propietarios de los vehículos.

Por lo anterior, el legislador local manifestó ante tribuna la necesidad de regular estos espacios, “pues por todos es conocido (usuarios y autoridades) de los delitos que se cometen en contra de los usuarios, abusos que van desde el cobro excesivo por la prestación de dicho servicio hasta la sustracción de autopartes".

Aunado a las irregularidades en que operan los depósitos de vehículos, el legislador local señaló la omisión de las autoridades municipales y estatales, pues los ayuntamientos sólo otorgan la concesión por el servicio de grúas, pero luego de que la unidad es guardada, nadie interviene y el usuario se encuentra totalmente desprotegido.

"Al no existir la regulación adecuada de este servicio, se deja en completo estado de indefensión a los usuarios del mismo, pues no se tienen los mecanismos legales para acudir a las autoridades competentes a inconformarse por estas situaciones, ya que a la fecha los usuarios del servicio se ven obligados a realizar una peregrinación por diversas dependencias federales, estatales y municipales para encontrar una solución a su inconformidad, sin que en muchos casos puedan resolverlas, por lo que terminan pagando para recuperar su vehículo", refirió Rodríguez Casillas al presentar su iniciativa.

La propuesta de reforma y adición a la Ley de Transporte del estado señala como autoridad facultada para regular estos espacios a la Secretaría de Movilidad y Transporte, dependencia donde el usuario podrá presentar sus quejas.

Para lo anterior, la iniciativa propone que haya una estrecha coordinación entre autoridades estatales y federales, para que a la hora de que los cabildos autoricen la concesión a una u otra empresa para el servicio de arrastre, se tenga la plena garantía de que la empresa cuente con todos los permisos.

"Además, buscaremos que un Consejo Ciudadano establezca las tarifas (que se cobran a los usuarios) y que las decisiones de los permisos se tomen por el Consejo Consultivo del Transporte", agregó el diputado perredista.

La iniciativa señala reformas y adiciones en los artículos 2 fracciones XXXIII y XXXIV, 14 fracciones IX, XII, XXXVI y XXXVII, 16 fracción V, 17 fracciones V y VI, 27, 29 fracción III inciso d), 40 fracción V y segundo párrafo, 49 fracción II, 72, 73 primer párrafo y 99 fracción I, adicionándose los artículos 43-A, 43-B, 43-C, 43-D, 43-E, 73-A, 109-A, 109-B, y 109-C, todos de la Ley de Transporte del Estado de Morelos. Fue turnada para su análisis a la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación.