Cuernavaca, Morelos.- Abogados de diferentes organizaciones estallaron contra la ineficiencia del gabinete de seguridad, exigieron evaluar la permanencia de Alberto Capella Ibarra al frente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la instalación del Consejo de Participación Ciudadana, para someter a consulta de la sociedad el desempeño de las autoridades en esta materia.

Desde temprano, integrantes de organizaciones se dieron cita en la ofrenda a víctimas –instalada en el acceso principal del Palacio de Gobierno–, donde colocaron una corona de flores con una foto del abogado Rodolfo García Aragón, cuya desaparición fue reportada el lunes y su cadáver localizado al mediodía del miércoles, en un paraje entre los límites de Tepoztlán y Jiutepec.

El presidente fundador del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, Gerardo Arrieta Fuentes, manifestó su pesar por el deceso de su colega, quien se convirtió en el abogado número 15 asesinado en los últimos tres años y cuyos crímenes permanecen en su totalidad sin esclarecer.

Adelantó que el próximo lunes, organizaciones y litigantes independientes harán un pronunciamiento conjunto en el que la seguridad, los asesinatos de abogados y el aumento de delitos como el homicidio, serán temas torales.

Lamentó que en Morelos prevalezca la justicia selectiva y fue el primero en pronunciarse por la remoción del titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, ante la falta de resultados en la prevención del delito.

“No funciona y no va a funcionar porque para eso está, tristemente, y desgraciadamente es un señor prepotente que no tiene ningún interés en Morelos y que su cargo de comisionado no existe legalmente”, dijo.

Arrieta Fuentes también señaló que se requiere orden en el trabajo dentro de la fiscalía estatal porque las buenas intenciones no resuelven los crímenes.

“Hemos tenido pláticas con el fiscal y me queda claro que hay una buena intención, pero no basta la buena intención. Es necesario revisar el trabajo de todos los fiscales detenidamente, revisar las carpetas que tienen: por qué no están integradas, por qué no se judicializan a tiempo, y solamente dan apoyo cuando son personas de alto poder económico, o bien, gente que tiene influencias”, dijo.

Posteriormente, otro grupo de abogados acudió a la ofrenda a las víctimas y expresó su consternación por el homicidio de García Aragón. El exprocurador y expresidente de la Barra de Abogados, José Luis Urióstegui Salgado, fue incisivo en la falta de resultados en materia de seguridad y en la indiferencia e indolencia que el gobierno estatal tiene.

“Nos encontramos aquí a la entrada de la casa de Morelos (como el gobierno actual insiste en denominar al Palacio de Gobierno), de la casa donde un gobernador ha estado casi cuatro años sin dar resultados a los morelenses. Nos convoca hoy el lamentable fallecimiento de nuestro amigo Rodolfo García Aragón, abogado que se dedicaba al ejercicio profesional y que desafortunadamente fue privado de la vida en circunstancias que todavía no se aclaran.

“Hemos estado exigiendo, los abogados, que haya condiciones de seguridad pública en el estado y no ha habido cambio de políticas públicas. Tenemos ya decenas de abogados que han sido privados de la vida”, señaló.

Consideró indignante la falta de prevención del delito, la escasez de resultados de la Fiscalía General del Estado y la indiferencia del gobierno estatal. Porque, pese a que “hemos invitado al gobernador y su gabinete de seguridad a que hagan un replanteamiento de las políticas públicas de seguridad y no hay ninguna modificación a ellas”.

Urióstegui Salgado manifestó: “Hoy los abogados nos pronunciamos por que el gobernador haga cambios en su gabinete, para que tenga en el lugar de la Comisión Estatal de Seguridad a alguien que se ocupe de la seguridad pública y no solamente de criminalizar a las víctimas, como en el caso de Rodolfo García Aragón”.

Sostuvo que Capella Ibarra “no es de aquí, no conoce el estado y no le interesa lo que ocurre en el estado, y el gobernador es responsable de la omisión en los resultados”.

Por cuanto a la permanencia del fiscal estatal, Javier Pérez Durón, José Luis Urióstegui refirió que él tiene poco tiempo al frente de la dependencia y “creo que su defecto más grave es que está supeditado a Capella; si hubiese una independencia, una autonomía real de la fiscalía general, seguramente habría otros resultados”. Por ello insistió en que es necesario que se vaya el comisionado.

Urióstegui Salgado recalcó que los ciudadanos están dispuestos a colaborar en la medida que el gobierno lo permita y admita la realidad que la gente vive en las calles, y remarcó que el número de denuncias disminuyó no porque haya menos delitos, sino porque la gente no tiene confianza en las instituciones.

Agregó que los abogados no están sólo molestos por lo que ocurre a integrantes de su gremio, sino a decenas de víctimas que no encuentran respuestas y justicia.

“Somos ciudadanos; el hecho de que seamos abogados no nos hace distintos de otros más que han sido víctimas del delito. Nos solidarizamos con todos y pedimos justicia para todos”, destacó.

Exigen mesa de diálogo

El activista y abogado barrista Miguel Ángel Rosete Flores, junto con varios de sus homólogos, presentó a la gubernatura una petición de audiencia pública con el gobernador Graco Ramírez para abrir el diálogo con las organizaciones de litigantes, para tratar los temas relacionados con la inseguridad, el incremento de delitos, la falta de desarrollo económico y alto grado de impunidad que prevalece en la entidad.

“Respetuosamente venimos a solicitar una audiencia pública con usted, para revisar y analizar propuestas para mejorar la condición de la seguridad pública, la persecución del delito y la participación ciudadana, así como el desarrollo económico de nuestra entidad federativa, en el ánimo de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los morelenses.

“Dicho motivo es para generar diálogo abierto, generar mayor conciencia de unidad, solidaridad y trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Evitando así la incertidumbre que genera el aislamiento que genera la falta de diálogo con la sociedad”, dijo al leer la petición.

Rosete Flores reclamó también la negligencia de la FGE en la investigación del homicidio perpetrado en julio de 2015 del abogado Vicente Javier Albarrán, quien era socio del recién finado Rodolfo García Aragón.

“Hay un video sobre el incidente que sucedió en julio del año pasado, el cual no obra en la carpeta de investigación y está extraviado; ahí está la forma comisiva del hecho y los responsables del hecho. Esto que pasa con el caso es grave y delicado”, aseveró.

En tanto, el presidente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos, Alejandro Smith Vázquez, sostuvo que la situación que priva en materia de seguridad exige la pronta instauración del Consejo de Participación Ciudadana (cuya convocatoria permanece congelada por los diputados), ya que es la vía para que la sociedad tenga el poder de definir qué política pública debe permanecer o cuál debe cambiarse.

“Es el derecho que tenemos los morelense y que se nos ha negado año tras año, legislatura tras legislatura. Hoy ese consejo ciudadano pendiente y que se ha desoído como derecho de todos nosotros, podría permitir una participación ciudadana activa.

“Venimos a decirle al gobierno, al poder público, que estamos en la disposición del diálogo, que de hecho pedimos el diálogo abierto con los especialistas, para sugerirles qué caminos sugerimos y que han sido funcionales. Les pedimos profesionalismo, les pedimos que los titulares que hacen la política pública en diferentes áreas sean el resultado del concurso, para que sean los mejores ciudadanos los que dirijan la política pública y no el compadrazgo, el amiguismo, la familiaridad o el partidismo, porque esto nos ha llevado a una política que no sirve y a una situación de inseguridad”, concluyó.

Desde la UAEM

“El contexto en que se da la desaparición y posterior muerte de nuestro compañero maestro, nos lleva a continuar en esta lucha y demanda social de la exigencia de un mejor sistema de prevención del delito y de procuración de justicia”, afirmó Rubén Toledo Orihuela, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

“El reclamo no es nuevo, es un reclamo antiguo. La negación que durante los últimos cuatro años el gobierno del estado ha hecho, acerca de que aquí no pasa nada, a nosotros nos tiene preocupados y por supuesto la Facultad de Derecho y la comunidad universitaria reclama de las autoridades encargadas de la investigación y de la procuración de justicia del estado, que se esclarezca pronto el asesinato cobarde de nuestro compañero maestro, y que la sociedad pueda transitar en paz por todas las vías de la ciudad y del estado”, agregó.

Toledo Orihuela dijo que la integración del Consejo de Participación Ciudadana es un elemento más de lo que la sociedad está reclamando en estos tiempos, y la descomposición que se vive en el estado de Morelos tiene que ver con la falta de mecanismos mediante los cuales se institucionalicen los reclamos de una sociedad que está cansada de tantos abusos y tantas omisiones.

La UAEM, agregó, con sus licenciaturas en derecho y seguridad ciudadana puede coadyuvar a generar estrategias con el conocimiento transversal a mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

“La UAEM sigue siendo el crisol de todas las expresiones más importantes de la sociedad y sólo a través del diálogo podemos construir mejores estadios de vida para todos los morelenses”, expuso.