La discusión jurídica sobre la unión legal de personas del mismo sexo está totalmente superada, sostuvo la presidenta del Consejo Nacional para la Prevención y Eliminación de la Discriminación (Conapred), Alexandra Haas Paciuc, quien estuvo en Cuernavaca para ser testigo de la firma del documento de promulgación de la reforma constitucional del matrimonio igualitario.

Morelos es el primer estado del país donde se concreta una modificación de esta naturaleza, aunque ya existen otras entidades donde se avanza sobre el respeto a los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI. "Los prejuicios en torno a la orientación sexual de una persona no deben servir como base para negarle derechos a un sector de la población; nuestra obligación es garantizar que todos los derechos humanos de las personas sean vigentes", expresó en la ceremonia.

"Debemos garantizar que cualquier persona elija a quien amar y con quién quiere compartir su vida", abundó.

En entrevista, informó que la Conapred tiene un registro, de 2011 a 2016, de 830 casos de discriminación contra personas de la comunidad LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero, intersexual).

La mayoría se refiere a actos contra los derechos laborales. Además hay 230 quejas por temas de violencia, especialmente agresiones verbales; y la tercera causa de denuncia es el incumplimiento del derecho a la salud.

"Derechos iguales, a lesbianas y homosexuales", gritaban a coro integrantes de la comunidad de la diversidad que presenciaron el acto protocolario en la residencia oficial del Ejecutivo.

Como vocera del Frente Diversidad Sexual Morelos, el pronunciamiento fue hecho por Patricia Bedolla Zamora, quien celebró que finalmente, después de varios años, se haya logrado la reforma constitucional.

Recordó que "fue un 28 de junio de 2005 cuando por primera vez en Morelos y en el país se presentó una iniciativa de matrimonio entre personas del mismo sexo. Irónicamente, en la misma fecha (11 años después), fue declarada como válida esta reforma, que no es un avance exclusivo para nuestra comunidad sino un triunfo para la vida democrática del estado y del país".

Advirtió que éste avance "tiene rostros e historias, no es una concesión otorgada por el Estado, es el resultado de creer y luchar por lo que en algún momento se creyó imposible. Mi reconocimiento al talento de ustedes quienes junto conmigo integran el Frente Estatal de la Diversidad Sexual, aún nos quedan batallas por librar".

Aseveró que desde el 18 de mayo pasado, cuando se aprobó en el Congreso local la reforma al 120 Constitucional, "se ha  visto una serie de movilizaciones eclesiásticas, de diputados federales, locales, senadores haciendo declaraciones ofensivas, discriminatorias, violentando la ley sin pudor alguno, convocando al fanatismo homofóbico de la manera más violenta de la que pudieron ser capaces, cabildeando por ‘la familia natural’. Todo lo anterior, ante los ojos de las autoridades que se quedaron mudas, de piedra, pasmadas, escondiendo la cabeza ante la posible consideración de tener que tomar un posicionamiento".

Cuestionó que ante la toma del Congreso y demás acciones que consideró violatorias de garantías, no hubo una actuación clara de la Comisión de Derechos Humanos. De igual forma, cuestionó: "¿Dónde está la Dirección de Cultos Religiosos del Gobierno del Estado? ¿Dónde las sanciones para los diputados de acuerdo a la reglamentación interna del Congreso del estado? ¿Dónde el Impepac?"

Destacó que aunado a la reforma constitucional, aún quedan varios retos en materia de modificación legislativa y políticas públicas de equidad. Entre ellos destacó que "es necesario tener una ley contra la discriminación en el estado, de avanzada, que tenga dientes, que sancione. Derogaron nuestra ley, que contenía dos cosas esenciales: un consejo contra la discriminación autónomo y la facultad de sancionar. Hoy tenemos una, cuyos contenidos son bonitos, pero reza la máxima de derecho: ‘No hay ley sin pena, ni pena sin ley’”.

Refirió que hasta ahora no se ha instalado  el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y se necesita que se nombre al responsable de la unidad administrativa encargada del trámite de las quejas con el nivel administrativo necesario para ser un área ejecutiva con capacidad operativa y política y emitir el Programa Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y que se le otorgue presupuesto.

De igual forma, destacó que necesariamente se tendrá que trabajar con los servidores públicos de los tres poderes del Estado y los dos niveles del mismo, para poder llevarlo a cabo sin actos de discriminación.

Enfatizó también que está pendiente la iniciativa de identidad sexo-genérica, que actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, pero no ha sido dictaminada y demandan que sea sometida a consulta.

En el documento se propuso hacerla "integral a efecto de reformar la Ley Estatal de Salud a efecto de dar acceso universal a la salud a las y los compañeros transexuales. Y que el proceso de reasignación de sexo pueda entrar en los servicios de salud gratuitos".