José Martínez Cruz, vocero de la CIDH, refirió que hay indicios claros, derivados de estudios realizados por organizaciones que forman parte de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, se ha observado que el problema de trata de personas con fines de explotación sexual se incrementa en el país y Morelos no es la excepción.
Martínez Cruz recordó que recientemente la agrupación CATWLAC dio a conocer que hay una estimación de más de un millar de menores de edad que son explotadas, "ante la proliferación de antros y botaneras principalmente en la zona metropolitana y el arribo de organizaciones criminales que han sido desplazadas de sus principales centros de operación por operativos policiacos y rescate de víctimas en otras entidades".
Las organizaciones de la red destacaron en un pronunciamiento -dado a conocer públicamente este 23 de septiembre- que los tratantes que operaban en la Ciudad de México y Puebla, han visto cerrada la posibilidad de continuar con "su negocio" en esos lugares, por lo que han migrado a entidades vecinas como Morelos: "los tratantes de Tenancingo (en el estado de Tlaxcala), como se cerró la posibilidad en el Distrito Federal (actual Ciudad de México) y se cerró la posibilidad en Puebla, pues el estado que queda más próximo para sus negocios ilícitos es Morelos, que además tiene la característica de que los fines de semana lo visitan los chavos que vienen al reventón y hay muchas botaneras, donde las meseras son niñas y que no sabemos si son víctimas de trata”.
Teresa Ulloa Ziaúrriz, de la CATWLAC, expone en dicho documento que la organización presentó varias denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra establecimientos que operan como burdeles y donde se ha detectado la explotación sexual de niñas en los municipios de Yautepec, Temixco y Jiutepec. Pero "está a la espera de que las autoridades atiendan las denuncias y realicen las acciones necesarias para combatir la trata de personas, pues calculó que en Morelos al menos mil 500 niñas y adolescentes son explotadas sexualmente en establecimientos que, en muchos casos, operan con el patrocinio de las autoridades locales".
Martínez Cruz recordó en el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, "fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que se realizó en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999".
La red destacó en su pronunciamiento este viernes, que "en lo que respecta a sentencias condenatorias, el ONC refiere que la CNDH en julio de 2014, informó que de 2009 a 2013 existían sólo 125 sentencias (dos de PGR y 123 de autoridades locales). Los datos obtenidos por el ONC arrojan un preocupante contraste entre número de víctimas en relación con el de personas condenadas en proceso judicial, pues de las mil 629 víctimas reportadas por las procuradurías locales, se da cuenta de 643 detenidos, 371 procesos judiciales y tan sólo 84 personas condenadas por este delito, por lo que las medidas implementadas en México para combatir la trata de personas resultan dispersas e insuficientes, ya que existe una marcada ineficiencia en la procuración e impartición de justicia”.
La Red Nacional de Organismos Civiles de los Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDTT), exigió a las autoridades de distintos niveles de gobierno "conocer y aplicar el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, ratificado por el estado mexicano desde el 25 de diciembre de 2003, para garantizar a mujeres y niñas del país, a vivir libres de violencia y explotación sexual".
Destacaron la exigencia de "combatir frontalmente la corrupción e impunidad, pues no obstante a la promulgación de leyes nuevas o a la actualización de las existentes desde la entrada en vigor en 2003 del Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas, hay muy pocos fallos condenatorios por trata de personas".
Entre los puntos que fueron expuestos este viernes, también exigieron etiquetar recursos económicos específicos para el combate del delito; y la obligación de capacitar y sensibilizar a personal del servicio público responsable de prevenir, atender, sancionar y procurar justicia para las víctimas.
Por último, hicieron un llamado a actuar "urgentemente en las entidades con alta gravedad frente al delito, como son Chiapas y Tlaxcala, pues a partir del trabajo que hemos hecho organizaciones integrantes de la Red TDTT en estos estados, en el primero las mujeres en condición de migración son las principales víctimas y en el segundo por el alto número de redes que explotan a mujeres con fines sexuales".
