Al menos ocho mil burócratas iniciaron demandas de amparo

El Juzgado Quinto de Distrito determinó la suspensión definitiva de la reforma a la Ley del Instituto de Crédito, aprobada en el mes de julio por el Congreso local, a favor de los trabajadores que promovieron juicios de amparo, para proteger sus derechos laborales.

En rueda de prensa, ayer los integrantes de la Coalición de los Sindicatos de los tres Poderes del Estado y ayuntamientos, dieron a conocer la orden del juez para que en tanto no se resuelvan de fondo los amparos, se salvaguarden sus derechos, en base a posibles violaciones en la aplicación de la ley que entró en vigor hace dos meses.

Jesús Román Salgado, vocero de dicha coalición y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo, afirmó que con la suspensión definitiva no se podrá realizar ningún cambio en lo que respecta a los derechos y las obligaciones que tienen ante el Instituto de Crédito y que se generan por las aportaciones que realizan como burócratas.

Para los sindicalizados, que se mantienen en plantón afuera del Congreso del estado desde hace dos meses, con la orden del juez quedó demostrado que la reforma que aprobaron los diputados sí causó graves violaciones a sus derechos, por lo que pidieron a los legisladores que reconsideren y retomen la iniciativa de reforma que impulsaron por medio del diputado Francisco Navarrete Conde, durante el periodo ordinario pasado y que sí resulta viable para los trabajadores.

"Pueden derogar ellos esa ley que ellos aprobaron, que no lastima ni perjudica los derechos de la base trabajadora y que bueno, pueden ellos derogar y podremos en coordinación con la Coalición de Sindicatos subir esa ley (que presentamos), porque esa ley viene y está trabajada en beneficio de la base trabajadora", manifestó Román Salgado.

De igual forma, aseguraron que no han sido convocados a ninguna mesa de trabajo con el diputado Jaime Álvarez Cisneros y que no lo harán, a menos que sea para derogar la legislación impugnada.

Defiende Álvarez Cisneros la ley que impulsó

El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano (MC), Jaime Álvarez Cisneros, afirmó que la reforma a la Ley del Instituto de Crédito no afecta los derechos de los trabajadores, por lo que descartó que pudiera ser anulada por una resolución judicial.

"Todas las decisiones que hemos tomado en la LIII Legislatura están fundamentadas en derecho, entonces no existe ninguna preocupación sobre los procedimientos, quizás pudiera haber un evento suspensivo sobre la forma pero el fondo está bien definido... no hay ninguna preocupación", aseguró.

Insistió en que se instalarán mesas de trabajo con trabajadores para impulsar la reglamentación de la ley antes citada, pero refirió que no habrá marcha atrás a la decisión que tomaron en julio pasado.

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La Asociación de Jubilados y Pensionados del Estado y la Coalición de Sindicatos de los Tres Poderes del Estado, dieron a conocer, que tras la resolución del Juzgado Quinto de Distrito que otorgó la suspensión definitiva, se tendrán que anular todos los actos derivados de la nueva Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Estado. Informaron que para el 5 de octubre se fijó fecha para sentencia en el juicio de amparo, pero si las autoridades impugnan el fallo, se mantendrán en plantón a las puertas de la sede del Poder Legislativo.

En conferencia de prensa, ayer jueves, líderes de las agrupaciones dijeron que continuarán con el proceso jurídico que entablaron al menos ocho mil de los más de 22 mil trabajadores.

El vocero de la coalición, Jesús Román Salgado, dijo que la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito da cuenta del avance a su favor en las demandas de amparo promovidas con la Ley del Instituto de Crédito: "Nos demuestra que con esa reforma los diputados causaban agravios a todos los trabajadores sindicalizados, los de confianza y los numerarios. Es una clara expresión de que sí hay agravios por esa ley".

Reconoció que en la audiencia establecida para el 5 de octubre, dicha posición de la justicia federal puede ser confirmada o modificada. También reconoció que hay otros recursos de revisión, pero advirtió que como trabajadores están dispuestos a ir hasta las últimas instancias, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Mientras tanto, explicaron que se tendrá que modificar la reciente reintegración de la junta de gobierno del instituto, porque queda claro que el juez ordenó: "Que no se les aplique la ley que tildan de inconstitucional hasta en tanto que cause ejecutoria la sentencia promovida en el juicio de amparo..."

El también líder de los sindicalizados del Poder Legislativo informó que cuando se defina la sentencia, como coalición analizarán la resolución judicial y "si ellos (las autoridades) se van a la revisión, entonces mantendremos el plantón permanente".

Apuntó que de los más de 20 mil trabajadores al servicio del estado, al menos ocho mil entablaron las demandas de amparo que se consolidaron en cinco expedientes. Pero apuntó que de acuerdo con sus abogados, esta resolución judicial naturalmente será válida para todos.