El doctor René Leyva Flores, coordinador del área de migración y salud en el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), señaló en entrevista que se ha trabajado en estudios en dos vertientes básicas, la de atención primaria en salud, en la que se reflejan mayores indicadores de enfermedades respiratorias, diarreicas, accidentes y consecuencias de violencia; y el segundo estudio se realiza en torno a la atención hospitalaria, en la que es mucho más frecuente la relacionada con accidentes, la violencia y la atención de asuntos gineco-obstétricos, como embarazos y partos.

Cuestionado en torno a los retos de salud pública ante el fenómeno migratorio, considerando varios aspectos (como los mexicanos deportados y los que ya no se irán del país por el endurecimiento de las políticas en Estados Unidos) el especialista hizo referencia al tema de los migrantes en tránsito, es decir, aquellos que son de otras nacionalidades y que pasan por el territorio nacional en busca de llegar a la llamada Unión Americana y que probablemente ya no lo logren o que les sea mucho más complicado, y por lo tanto, sea más prolongada su permanencia en México. 

De acuerdo con el investigador, la prevalencia de problemas de salud en la población que posiblemente sea deportada será del 17 al 20 por ciento y la mayoría de ellos presentará enfermedades de tipo crónico-degenerativo, aunque el grueso será de carácter infeccioso agudo.

En cuanto a los mexicanos con Sida o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), expuso que el reto será la continuidad y sostenibilidad del tratamiento que ya reciben en EEUU, en caso de que sean deportados.

“Lo que ocurre en términos de costo de atención, como son perfiles semejantes, estimamos que el costo que representa el regreso de mexicanos con el costo de migrantes centroamericanos; será muy semejante y consideramos que no son elementos críticos que vayan a poner en crisis el financiamiento del sistema nacional” abundó.

En migrantes en tránsito por México no rebasan dos por ciento de 300 mil.

De los deportados en Tijuana, por ejemplo, la prevalencia no supera el 17 por ciento. No implica una cifra muy elevada si se toma en cuanto que hay 50 millones de asegurados por el seguro popular.

Entre los problemas de salud destacó los derivados de la violencia. En migrantes en tránsito, hasta el 20 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de problema (de las migrantes que vienen de EEUU el indicador es ligeramente menor) “pero es destacable”, destacó el doctor.

Otro grupo muy vulnerable, de acuerdo con dichos estudios, es el de las personas transgénero o transexuales, ya que hasta el 50 por ciento de ellos sufren esa violencia, lo cual es un tema muy grave de atención.

En dicha entrevista, cuestionado sobre los problemas de salud en los infantes, informó que se trata de una situación muy crítica, porque se desconoce la prevalencia de salud de ese grupo, pero subrayó que: “se esperaría que los niños tengan prevalencias ligeramente más altas y que haya problemas de carácter infeccioso esencialmente, de violencia y de daños mentales seguramente”.

La prevalencia de accidentes en migrantes que usan el tren conocido como “la bestia” no rebasan el uno por ciento, aunque es otro rubro grave, porque entre las consecuencias, muchas veces, ocurre la amputación. En accidentes en general se presenta en alrededor del cinco por ciento.

 “El tema de la violencia es importante, se tiene que resolver. Los migrantes tienen una sobre-exposición, eso hace que las agresiones sean de tal orden que sólo una parte recurre a hospitales”, manifestó.

En casas de migrantes son recibidas muchas de las víctimas y la principal forma de violencia es la sexual, y esos casos sí son referidos a los servicios de salud y, por lo tanto, sí están hasta cierto punto reflejados en los estudios de manera cuantitativa, pero es necesario recalcar -dijo- que, en México, solo el 10 por ciento de los actos de violencia son registrados en los mexicanos, entonces el sub-registro de los indocumentados en tránsito seguramente es mucho menor. Esto obedece a que los indocumentados no recurren a la atención médica por temor a ser deportados.

Los centroamericanos temen ser deportados, desconocen el derecho a la protección a la salud que está vigente en este país. Si ellos sufren alguna amputación, el Seguro Popular les tendría que pagar la atención; además hay una visa humanitaria para esos casos y ellos la desconocen, explicó.

En opinión del experto, esto sucede por la falta de información en los grupos de migrantes en tránsito y porque los consulados de sus países tienen una escasa actividad en la defensoría de los derechos de sus connacionales.