Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.