Confían en que se apruebe la Ley de Asociación Público-Privada para financiar obras como la central camionera para Cuernavaca.

Los mega proyectos de obra anunciados por el gobierno estatal, como la construcción de una nueva terminal de autobuses, siguen en pie, pero las autoridades están a la espera de que sea aprobada la Ley de Asociación Público-Privada.

El secretario de Obras Públicas Fidel Giménez Valdés indicó que por ahora siguen trabajando en la elaboración de proyectos ejecutivos de la referida central de camiones foráneos, así como de otros planes anunciados en su momento por el titular del Ejecutivo, como la reactivación del aeropuerto de Xochitepec y el libramiento norponiente.

El funcionario estatal dijo que se analiza junto con la Secretaría de Movilidad y Transporte el tipo de central de autobuses donde puedan confluir otros sistemas de transporte.

Dada la magnitud del proyecto, se requiere de muchos recursos y por ello se ha planeado generar una combinación de financiamiento público y privado, pero para ello se necesita modificar el marco legal.

Fidel Giménez recordó que ya se envió la iniciativa de reforma al Congreso local y están a la espera de que sea aprobada. El objetivo es modernizar la legislación que data de más de una década y con ello facilitar que venga la iniciativa privada a invertir sus recursos con garantía.

En cuanto a la terminal de autobuses, dijo que ya hay un grupo de trabajo que labora en buscar inversionistas, en realizar los pasos necesarios para la adquisición del predio y en realizar los proyectos ejecutivos. Incluso el costo de éstos últimos podría ser financiado por el Banobras.

El secretario dejó en claro que bajo dicha figura intervendrá el gobierno del estado y una institución financiadora, tal y como sucede en otros estados del país y en la Ciudad de México como el Metrobús, por ejemplo.

Por otro lado, adelantó que se realizarán obras de rehabilitación de avenidas primarias en Jiutepec y Cuautla, igual que como se anunció recientemente en Cuernavaca.

Aseguró que todos los planes anunciados en la gira del gobernador están avanzando en la fase de proyecto, pero todo se hará por pasos, con base a la ley, paso por paso para evitar que sucedan irregularidades como las que se dieron en la administración pasada.

 

 

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La Secretaría de Obras Públicas del estado anuncia acciones legales ante Capufe y la PGR.

La Secretaría de Obras Públicas del estado inició una denuncia ante el órgano interno de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y hoy habrá de presentar otra ante la Procuraduría General de la República (PGR), por las omisiones en que han incurrido funcionarios de la dependencia federal, ya que se han negado a cumplir las medidas de remediación de riesgos en el Paso Exprés.

Este lunes, el secretario de Obras, Fidel Giménez-Valdés, recordó que desde el pasado 16 de octubre, el gobierno estatal presentó a Capufe y al Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la solicitud para aplicar un proyecto dirigido a solucionar los puntos de riesgo detectados en dicha vía de comunicación. El proyecto contempla el retiro de vallas de carriles confinados, entre otras acciones.

El mismo funcionario informó la semana pasada que de acuerdo con el reporte de la Policía Federal, en ese tramo se habían registrado (hasta hace cinco días) 47 accidentes en sólo seis meses. A pesar de esa grave situación, no se han cumplido las instrucciones que, desde nivel central, se giraron para que se cumplieran dichas medidas.

Por ello, informó este lunes que interpuso ante el órgano interno de control de Capufe una denuncia contra quien resulte responsable, y en esta semana presentará otra denuncia ante la PGR por las omisiones de ciertos servidores públicos que no han cumplido, a pesar de las instrucciones que ha girado la concesionaria Banobras.

Comentó que podrían configurarse delitos como el ejercicio indebido del servicio público que han derivado en los referidos accidentes, pero eso lo determinarán la PGR y demás instancias correspondientes.

Reiteró que hay una jerarquía de mando que no se cumplió, lo cual se probará con una serie de documentos, en los que se informa con precisión cuáles son las acciones de remediación de los riesgos subsistentes y no han actuado hasta la fecha.

 

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Jueves, 08 Noviembre 2018 05:40

Buscar construir libramiento norponiente

Evitaría el paso por Cuernavaca; la SCT se encargará de retirar las barreras del Paso Exprés.

Funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del gobierno del estado acordaron que el próximo lunes estará listo el dictamen técnico del proyecto que contempla el retiro de las barreras en el llamado "paso exprés". Además, se busca reactivar el plan de construcción del libramiento norponiente.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Obras Públicas estatal, Fidel Giménez Valdés, quien apuntó que en la reciente reunión con funcionarios de la SCT también se abordó el tema de transferencia de operación del tramo ya citado a la entidad.

Al respecto, apuntó que durante el encuentro celebrado el pasado martes, las autoridades también se comprometieron a que será la propia SCT la que retire los llamados muros laterales en carriles confinados y en las zonas donde se proyecta abrir vías de incorporación, tal y como lo contempla el plan estatal.

El secretario de Obras Públicas indicó que para el retiro de vallas no hay fecha de inicio porque se tiene que cubrir el requisito del estudio técnico, pero comentó que ya es prácticamente un hecho.

Reiteró que cuando se logre la transferencia de ese tramo al gobierno del estado por parte de Caminos y Puentes Federales y por Banobras, se trabajará en el plan de creación de un bulevar. Dijo que en esa reunión se enteró de que el objetivo del gobierno pasado de construir las barreras era poner en marcha un proyecto de interés económico relacionado con transporte, y no agilizar la circulación como se dijo en su momento.

Giménez Valdés anotó que de igual manera, se dialogó sobre la reactivación del libramiento norponiente, "que fue enlatado por un capricho del ex gobernador Graco Ramírez".

Mencionó que se trata de una mega obra de 42 kilómetros de longitud y que tiene como fin desahogar el tránsito de largo itinerario que viene desde la Ciudad de México y que va hacia Guerrero y al sur de Morelos, sin tener que pasar por Cuernavaca.

Apuntó que ese proyecto ya está terminado, tiene el cien por ciento de realización del proyecto y el 80% de liberación de los derechos de vía.

El libramiento podría estar sujeto a concesión por el monto elevado de inversión; además, destacó que ese libramiento podría ser un ramal hacia el aeropuerto Mariano Matamoros que se ha convertido en una alternativa real al de la Ciudad de México y al de Toluca.

Comentó que el costo de una vía de comunicación de cuatro carriles como la que se proyectó es de alrededor de 100 millones de pesos por kilómetro, es decir que el monto aproximado sería de 4 mil 300 millones de pesos e incluye dos obras importantes que son túneles, en el área cercana al campus Chamilpa de la universidad del estado para no impactar la zona estatal ambiental que tiene bosque.

En la zona de Cuentepec, Tetlama hacia Xochicalco, el derecho de vía ya está liberado.

“Es una obra que va a detonar la economía, va a generar empleos directos e indirectos y a futuro va a generar acceso rápido al aeropuerto, a la autopista del Sol y destinos como Xochicalco”, expresó al apuntar que el libramiento –en el proyecto-, comienza en el poblado de Chamilpa a la altura de la universidad, antes de la curva donde existen anuncios espectaculares; pasa por Santa María, por Tetela del Monte, Tetlama, Cuentepec y Xochicalco hasta el aeropuerto.

Afirmó que el proyecto estaba en cartera desde hace diez años y el objetivo es reactivarlo y concretarlo, con la idea de lanzarlo inicialmente en el año 2019.

 

 

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Por motivos burocráticos no ha comenzado la remoción de las barreras de los carriles centrales de esa vialidad, asegura el secretario de Obras del estado.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés, informó que se solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la transferencia al gobierno del estado de la operación del tramo del libramiento de la autopista México-Acapulco que atraviesa Cuernavaca conocido como "paso exprés", con el fin de continuar con el mejoramiento de esa vía.

Al respecto, el funcionario estatal refirió que el subsecretario federal de infraestructura, Óscar Callejo Silva, expresó que esta solicitud es vista “con buenos ojos”. De hecho, se comprometió a que este lunes enviaría el proyecto de convenio para concretar la citada transferencia por parte de Banobras, a través de Caminos y Puentes Federales y la SCT.

Este documento, que contendrá las condiciones de operación, será consultado con colegios de especialistas y cámaras empresariales, para perfeccionarlo antes de firmarlo.

Giménez Valdés también lamentó que sigue la "burocratización" del proyecto de acondicionamiento del paso exprés, y por esa causa no se ha realizado la remoción de barreras, como se había anunciado. Cabe recordar que se contempla el retiro de los muros laterales de carriles confinados en siete kilómetros, así como la generación de salidas a la altura del entronque con la carretera federal a Cuautla conocida como el IMSS.

Giménez Valdés explicó que no obstante la solicitud de transferencia, seguirán insistiendo en que cuanto antes se realicen las acciones de remediación. Anotó que el pasado domingo hubo al menos un accidente y el sábado pasado una carambola de cinco vehículos. “Son daños y víctimas innecesarios, puesto que ya tenemos una solución técnica, sin embargo, vemos que se siguen burocratizando las medidas de remediación, lo que prácticamente no tiene costo… Empezaron a jugar una carta de que iban a hacer un estudio técnico y demás cuestiones que consideramos que no son más importantes que la vida de las personas que circulan por esa vía”.

"Ya para burocracias ya estuvo bueno", aseveró el secretario de Obras Públicas, al exponer que en el plazo inmediato urge el retiro de barreras, y a mediano plazo el plan es convertir esa vía en un bulevar, con las modificaciones pertinentes, que se harían de forma paulatina. Ya existe un antecedente en Chilpancingo, en el estado de Guerrero.

En esa zona sería factible hacer carriles más amplios e, incluso, generar un nuevo sistema de transporte, que sirva a la circulación de toda la capital morelense.

Las condiciones actuales en las que se pretendía hacer una vía de alta velocidad “son un fracaso”, advirtió, al insistir en que el objetivo principal del multicitado proyecto es evitar más riesgos y accidentes.  

 

 

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El organismo pide abrir una nueva investigación sobre el desarrollo de la obra.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió abrir una nueva investigación y reveló que, al parecer, la reparación del socavón en el Paso Exprés corrió a cargo del erario federal y no de las empresas implicadas.

A través de un comunicado, el organismo defendió el contenido de la recomendación 34/2018, emitida el 10 de octubre, dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, por violaciones a derechos humanos y una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción ocurridos en todas las fases del proyecto de construcción del Paso Exprés.

Afirmó que “la recomendación emitida tiene sustento en una investigación de campo y documental que demuestra, con base en elementos objetivos, diversas violaciones a los derechos humanos”.

Recalcó que la CNDH busca que las autoridades involucradas federales, estatales y municipales establezcan de manera explícita la garantía de no repetición, y las acciones preventivas que ello conlleva, para tranquilidad de todos los ciudadanos que transitan por las carreteras nacionales.

Además, que se impongan sanciones ejemplares como disuasivo para que casos como el del socavón no vuelvan a presentarse, de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente en cualquier parte del país.

Insistió también en que espera que la investigación realizada, sea considerada por las autoridades para deslindar responsabilidades penales y administrativas.

Recalcó de nuevo la resistencia de las institución públicas y las empresas implicadas en el caso para entregar información a la CNDH, no obstante, la investigación indica que “el costo de la reparación del socavón corrió a cargo del erario” y “hasta el momento no se ha informado si este costo se les cobrará a las empresas responsables que ejecutaron mal la obra”.

Precisó que enviará una copia de la investigación a la Secretaría de la Función Pública, pues independientemente de los procedimientos abiertos en curso o concluidos, “se requiere un nuevo procedimiento en el que se consideren todos los aspectos expuestos en la recomendación que deben ser considerados, tanto en contra de las empresas participantes como de los servidores públicos involucrados”.

“En un asunto que involucra empresas, falta de transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la reticencia y opacidad observada para con la Comisión Nacional y por la declaración pública carente de veracidad y, en su caso, posibles actos de corrupción, se debe hacer una investigación integral que adminicule todos los hechos para llegar a un resultado general e integral de lo ocurrido en el socavón para que dichos hechos no permanezcan en la impunidad. El evento ocurrido en el socavón no puede analizarse y determinarse de manera aislada sino integral basada en todos y cada uno de los componentes que provocaron que dichos hechos ocurrieran”.

Confió en que las autoridades competentes ahonden su indagatoria por presuntas responsabilidades administrativas y penales, tomando en consideración los elementos aportados por la CNDH.

 

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Posible esquema de corrupción público y privado, señala el organismo, que fija en cuatro las muertes por la obra; la SCT obstaculizó la investigación.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), “el socavón no fue un accidente sino una cadena de ineptitudes administrativas”, las que tienen que ser investigadas integralmente, al advertirse que existe “un posible esquema de corrupción” que involucra a instituciones públicas y privadas, y aplicar sanciones ejemplares no sólo para que el caso no quede impune sino para que no se repita en cualquier parte del país.

Al presentar la Recomendación 34/2018 dirigida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras (Banobras), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, el segundo visitador general Enrique Guadarrama López destacó que la investigación de oficio realizada por el organismo, a raíz de la muerte de dos hombres el 12 julio de 2017,  fue obstaculizada reiteradamente por la SCT, lo que evidenció que algo extraño sucedía y que se pretendía ocultar.

Señaló que en la investigación centrada en la transgresión al derecho humano a la vida de las víctimas y el acceso a la información a sus familiares, la CNDH acreditó falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por parte de la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no 8 como originalmente se había previsto.

Por ejemplo, no se contó con los permisos o exenciones ambientales al momento de iniciar los trabajos de construcción. La exención ambiental se otorgó meses antes de que se contara con la versión final del Proyecto Ejecutivo a 10 carriles, es decir, se exentó respecto de un proyecto distinto al construido. Esto evidenció la falta de debida diligencia de las empresas constructoras, pues iniciaron los trabajos sin contar con uno de los requisitos para hacerlo.

De acuerdo con la CNDH, a más de un mes de haber iniciado los trabajos del Paso Exprés, la SCT solicitó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC) que informara si existían líneas de agua potable y drenaje que interfirieran con los trabajos, lo cual debió ser previsto desde la planeación y diseño del Proyecto Ejecutivo, pues las afectaciones debían considerarse al momento de hacer el trazo y establecer los aspectos técnicos de diseño de la obra contemplados en dicho proyecto.

Detalló que al revisar la información básica de los cuatro contratos celebrados por la SCT con cuatro empresas constructoras, se detectó que dichos contratos fueron modificados en al menos nueve ocasiones, y esto provocó el aumento del costo de la obra con respecto a su estimación original, equivalente a un 67.9% más de lo presupuestado (más de 535 millones de pesos), además del retraso de la obra por siete meses.

De los 41 procedimientos administrativos iniciados por la obra del Paso Exprés, casi la mitad fueron archivados o concluidos en no sanción. De los muchos funcionarios de todos los niveles que intervinieron en la obra irregular, sólo nueve servidores públicos fueron sancionados y ninguna de las empresas ha sido sancionada.

Es por ello que la CNDH insistió en que las autoridades están obligadas a investigar y aplicar sanciones ejemplares a “toda la cadena de mando”, es decir a todos los servidores públicos que de una u otra forma permitieron la corrupción, la violación de derechos humanos de la población y que una obra irregular cobrara la vida de cuatro personas. Esto, incluyó también a las empresas corresponsables.

A esto se sumó que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), observó irregularidades en la ejecución y pagos de los trabajos de tres de las empresas contratadas como: pagos sin justificación, por trabajos no previstos, incumplimiento de las especificaciones del contrato y por servicios no prestados.

La empresa encargada de la construcción fue instruida para modificar el proyecto original sin aprobación y autorización de las áreas responsables. La obra carecía de retornos, acotamientos y acceso a vehículos de emergencia. La empresa contratada para la supervisión usó una bitácora convencional sin autorización de la Secretaría de la Función Pública, en lugar de la bitácora electrónica correspondiente exigible en este tipo de obras.

Respecto a las autoridades locales, la CNDH advirtió que el Ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje, dejó acumular la basura en el alcantarillado que cruza el socavón y fue rebasado en su capacidad de respuesta durante el hundimiento que, incluso, produjo la suspensión del abasto de agua potable a la población de la zona.

En tanto el Gobierno del Estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y por no generar condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más que también perdieron la vida: un joven motociclista que fue golpeado por un cable de alta tensión sobre la cinta asfáltica; y otro joven que cayó de un paso peatonal que no tenía barandal, ni algún tipo de señalamiento de peligro, a un costado del Paso Exprés.

Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de la SCT que en coordinación con Banobras, Conagua, el Gobierno del Estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, repare el daño a las víctimas directas e indirectas de las cuatro personas que perdieron la vida, que incluya compensación y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; y ofrecer disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

También, generar mecanismos legales que obliguen contractualmente a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos públicos que se celebren, y colaborar con la denuncia y queja que la CNDH presente ante autoridades correspondientes, para deslindar responsabilidades penales y administrativas de servidores públicos e involucrados responsables de los hechos.

Además de capacitar al personal sobre los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas”, y continuar la atención directa a vecinos de las zonas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes y usuarios de la zona. 

A Banobras se le pidió generar mecanismos para obligar a las empresas a respetar los derechos humanos en todos los contratos, e incorporar sanciones en caso de incumplimiento; adecuar normas para que, a partir de 2019, la operación y otorgamiento de financiamiento a empresas privadas se ajusten a las sanas prácticas y usos bancarios para que acrediten la factibilidad en derechos humanos. 

A la Conagua, en coordinación con el Gobierno de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca, pidió identificar los puntos de riesgo hidráulico en el Paso Exprés, para establecer medidas preventivas inmediatas y permanentes, estableciendo un registro específico.

El gobernador del estado de Morelos y el Ayuntamiento de Cuernavaca deberán realizar mesas de trabajo con autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para implementar mecanismos de coordinación que permitan reacción inmediata ante fenómenos perturbadores; verificar, actualizar y mejorar el equipamiento y capacitación de las corporaciones de Protección Civil a nivel estatal y municipal; atender, programar y realizar gestiones para identificar y atender posibles riesgos para la población civil; y tener presupuesto para optimizar la capacidad de respuesta de los cuerpos de Protección Civil.

La recomendación también fue entregada al Congreso de la Unión para que considere posibles modificaciones normativas planteadas en el documento, así como a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para la formulación de políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos.

Además, se presentará tanto a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General de Morelos, para que se tome en cuenta los elementos recabados por la CNDH respecto a las irregularidades para que se finquen las responsabilidades.

El visitador resaltó que CNDH tuvo que realizar también una investigación sui generis más allá de la violación al derecho a la vida para determinar las fallas técnicas e irregularidades administrativas de un proyecto carretero, y hacer un análisis integral y concatenado de los hechos y las evidencias, y llegar así a las conclusiones que hoy son públicas por el riesgo de que de no exhibirse la verdad y buscar que el caso no quede impune, corremos el riesgo de que casos análogos se sigan repitiendo.

Recalcó que es importante que las autoridades competentes investiguen de manera global y vayan más allá de un enfoque parcial o fragmentado, cuyo saldo ha sido la impunidad y la ausencia de rendición de cuentas

Y es que, asestó, “el socavón no es un mero accidente sino la consecuencia de una obra pública muy mal diseñada, construida, coordinada y supervisada por la SCT, Banobras y las empresas involucradas. Salvo sanciones administrativas, el hecho continúa impune al no haber aún responsables penalmente”.

“Del caso se desprenden elementos e indicios de un posible esquema de corrupción que la Comisión Nacional pide se investigue por las autoridades competentes en los ámbitos penal y administrativo”.

Destacó que en su momento, la SCT tuvo la oportunidad de cumplir con su obligación de explicar de manera suficiente las causas de la falla y quiénes eran los responsables. Pero no lo hizo, por el contrario, su titular Gerardo Ruiz Esparza realizó declaraciones faltas de verdad ante el Senado de la República y de deslinde de responsabilidad en medios de comunicación.

Además, los servidores públicos de la SCT no proporcionaron a la CNDH de manera oportuna la información solicitada para la investigación, al grado de enviar información desordenada y confusa contenida en cajas, lo que representó un esfuerzo adicional de análisis que pudo haberse simplificado, conducta que en sí misma creó obstáculos adicionales a la labor de la CNDH.

 

Víctimas sin reparación del daño

Aun cuando las familias de Juan Mena Romero y Juan Mena López, padre e hijo que murieron al caer en el socavón que se abrió en el Paso Exprés, recibieron una indemnización, la CNDH consideró que la reparación del daño no ha sido integral.

En el caso de los familiares de la tercera y cuarta víctimas, no han obtenido debida reparación, ni hay responsables, por lo que el organismo enviará copia de la recomendación a la Fiscalía de Morelos, a efecto de que acelere la investigación y se determinen las responsabilidades a quien corresponda a la brevedad.

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