Activistas iniciaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Uriel Carmona pretende dar carpetazo al asunto, señalan denunciantes.

Las activistas María y Amalia Hernández Hernández iniciaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción contra el fiscal general, Uriel Carmona Gándara, por omisión y obstaculizar las investigaciones y el proceso penal contra los ex servidores público implicados en la violación de derechos humanos e inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosa de Tetelcingo, municipio de Cuautla.

Acompañadas de su abogado David Marroquín Ojeda, las denunciantes acudieron a la sede de la fiscalía anticorrupción para abrir la carpeta de investigación y buscar que se finque responsabilidad al titular de la Fiscalía General del Estado, porque pretende –dijeron- dar carpetazo al tema de las fosas.

“Llevamos dos años de supuesta investigación, en la que no se ha llevado por parte del agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta una sola diligencia tendiente a investigar los hechos o identificar la identidad de los probables responsables.

“Independientemente de esto se retiró una formulación de imputación en contra de Ana Lilia Guerrero Moreira (ex coordinadora general de Servicios Periciales de la otrora procuraduría estatal) sin justificación alguna, esto fue en marzo de 2018 y hasta la fecha no tenemos ningún información, acuerdo o  resolución del motivo por el cual el fiscal general ordenó ese retiro de acusación al licenciado Pablo Casales (otro presunto implicado en el caso)”, explicó el abogado de María y Amalia, madre y tía de Oliver Wenceslao Navarrete, joven secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cuerpo fue mandado a la fosa  común de Tetelcingo, a pesar de que la familia lo identificó y reclamó la entrega para darle sepultura.

El litigante señaló que hasta el momento sólo hay un proceso penal abierto en contra de dos ex funcionarios de la otrora procuraduría – el cual después de cuatro años avanza lentamente- y la FGE omite cumplir con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 48/2016, en la que se estableció que al menos 42 funcionarios incurrieron en alguna responsabilidad, al inhumar ilegalmente y sin protocolo alguno 118 cuerpos en la fosa de Tetelcingo.

Amalia Hernández expresó sus reservas respecto a que la fiscalía anticorrupción proceda contra el fiscal general, sin embargo, señaló que es un paso necesario para exigir que no se dé carpetazo al tema de fosas, en el que todavía hay mucho por investigar.