La obra está programada en la carretera México-Cuautla, a la altura de Atlatlahucan.

La obra de construcción de la rampa de emergencia en la carretera México-Cuautla, a la altura de Atlatlahucan, que había sido suspendida, fue reprogramada para los primeros meses del 2020, aseguró el director del Centro Morelos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Héctor Castañeda Molina.

Entrevistado después de reunirse con el secretario de Obras Públicas, Fidel Giménez Valdés Román, el funcionario federal informó este jueves que no se construyó este año dicha estructura porque no se tuvo en tiempo y forma la liberación de los derechos de vía.

Detalló que, conforme a la norma en materia presupuestal, los recursos por 25 millones de pesos fueron redireccionados al proyecto de mantenimiento en el libramiento de Cuautla.

Héctor Castañeda explicó que normalmente quienes solicitan este tipo de obras donan el terreno y originalmente el municipio de Atlatlahucan iba a hacer dicha donación, pero cuando se logró conseguir el presupuesto para la rampa de emergencia, se retractaron las autoridades municipales.

Los propietarios o poseedores de los terrenos pretendían vender a precio muy elevado. La obra costaría 25 millones de pesos y se pretendía vender esos predios en 50 millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno estatal intervino y comenzó un proceso de expropiación.

Tras el encuentro, el director de SCT informó que se estableció entre ambos niveles de gobierno el acuerdo de que se reprograme la multicitada obra para los primeros meses del 2020.

 Mencionó que faltaría que se libere el trámite estatal para contar con la propiedad de la tierra en diciembre; con esta garantía, el proceso de licitación iniciaría a principios del siguiente año.

En otro asunto, el director de SCT Morelos informó que hasta donde tiene conocimiento, hay reclamos de tres familias que aseguran no haber recibido el pago por la afectación de predios derivada de la construcción del paso exprés de Cuernavaca.

Dijo que el problema en esos casos es que los inconformes no han acreditado totalmente y de manera legal la propiedad, por lo que es muy difícil que se eroguen recursos públicos en esas condiciones. Calculó que el monto total no supera los seis millones de pesos, pero subrayó que no se han hecho los avalúos. Este trámite se lleva a cabo una vez que los afectados entregan toda la documentación requerida.